PSOE y PP, cómplices de Fernando Clavijo

Ángel Víctor Torres y Asier Antona lo niegan, pero los hechos son muy tozudos. El Partido Socialista y el Partido Popular van a permitir a Coalición Canaria un plácido año pre-electoral, cada uno por distintas motivaciones. Asier Antona, atado por los acuerdos nacionales, acaba de dar el aval del PP a la tramitación parlamentaria de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2018, mientras el PSOE pone como condición un mayor acento social para hacer lo propio con mucho gusto en cuanto sea preciso. Fernando Clavijo está en la gloria: gobierna Canarias con tan solo 18 diputados de 60 y con menor apoyo electoral que el PSOE y que el PP. En un alarde propagandístico, el presidente empezó a cumplir este viernes con la petición socialista reuniendo en los lujosos salones del hotel Mencey, bajo soberbias lámparas de cristal de roca, a un selecto grupo de empresarios para pedirles que, porfa, si lo tienen a bien, contraten a empleados canarios y suban el sueldo a los que ya tienen en nómina. Esa fórmula mágica ha sido inmediatamente transmitida y aplaudida por los medios afines al régimen y será objeto de más ditirambos en el futuro próximo.

La política social de Fernando Clavijo es eso, pura propaganda, porque a tenor de lo que dicen los presupuestos para 2018, le sigue importando un pimiento que esta tierra esté a la cabeza en pobreza, en miserables salarios, en las más bajas pensiones y en la cola en la aplicación de la ley de dependencia. Los últimos informes sobre pobreza ni siquiera le han animado a incrementar las partidas para la prestación canaria de inserción porque él cree que basta con pedir a los empresarios que contraten a los canarios en lugar de a los foráneos que llegan mejor formados. Porque la propaganda está impidiendo comprobar lo poco que le interesa también la educación de los canarios: se ha pasado por el arco del triunfo un acuerdo parlamentario del pasado 11 de octubre que le obligaba a alcanzar el 4% del PIB en la materia. Subió dos décimas en lo que él mismo llama los mayores presupuestos de nuestra historia, los que hacen justicia con Canarias. Él, desde luego, no la hace con los canarios.

Fernando Clavijo se siente cómodo con la oposición que le ha tocado padecer. Y la prueba la encontramos cada día en la desidia con la que Torres y Antona están tratando el escándalo de la Radiotelevisión Canaria. Hasta el momento la única denuncia que hay en relación con las irregularidades que se han detectado alrededor del concurso de informativos (144 millones de euros) es la que el presidente de RTVC interpuso hace dos semanas ante la fiscal jefa de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Almendral, alegando que se siente presionado, coaccionado, intimidado, cohibido, por las duras críticas que determinados medios de comunicación -este incluido- han proferido por su atolondrado proceder.

Nos hemos limitado a relatar lo descubierto hasta ahora: que ese concurso está ilegalmente convocado porque no cuenta con la aprobación del consejo rector; que se han ocultado informes deliberadamente para actuar de modo torcido; que el expediente es una inmensa chapuza a mayor gloria de la opacidad, incluyendo la manipulación de fechas; que el Gobierno se sacude sus responsabilidades a pesar de haber dado el plácet presupuestario al concurso; que se utilizan órganos oficiales, como el tribunal de contratos públicos, para dar cobertura a las irregularidades, y que se contrata a un abogado vinculado a empresas del sector audiovisual para recomponer todos los entuertos a última hora, deprisa y corriendo.

Y frente a esta batería de escándalos, la oposición parlamentaria de Canarias se ha limitado a jugar a las casitas. Nadie toma una iniciativa seria encaminada a remover al actual presidente del consejo rector de RTVC, modificar la ley si es necesario para ello, y revisar en profundidad los pliegos del concurso de informativos para, en su caso, anularlo y convocar uno con garantías y transparencia.

El próximo día 30 se cumple el plazo para la presentación de ofertas, y una vez empiece la tramitación con la apertura de sobres, será muy difícil explicar a los licitadores que están participando en un proceso viciado. Al ritmo que va la respuesta parlamentaria a estos escándalos, es más que posible que la adjudicación se produzca a finales de año o los primeros días de 2018. A partir de ese momento, el contratista tendrá seis meses de plazo para hacer las inversiones precisas para poder estar respondiendo a las exigencias del contrato a partir del mes de junio. Con eso ya se estarán generando derechos, y con los derechos, responsabilidades, y con las responsabilidades, inmdenizaciones.

Fernando Clavijo y Coalición Canaria tienen fe ciega en la oposición del PP y del PSOE. Tanta fe que hasta se han permitido incrementar el presupuesto de RTVC en cinco millones de euros para el próximo ejercicio económico, con lo que ya serán un total de 46 millones, a los hay que sumar las partidas camufladas en otras consejerías y empresas públicas. Están convencidos de que los dos medios de comunicación públicos estarán en sus manos para tener un glorioso y propagandístico año pre-electoral. Ya se habla de diez nuevas contrataciones de personal especializado en la materia para adscribirlo al ente como escuadrón de agitación y propaganda, y ya se prepara una acción publicitaria muy potente camuflada como publicidad institucional del famoso fondo del IGTE, el Fdcan, la piedra filosofal que nos iba a cambiar el modelo económico para salir de la pobreza y colocarnos al nivel de Dubai y Singapur.

Ante un escenario así, con una oposición complaciente que es incapaz de una mínima acción a pesar de la exigua minoría con la que opera CC, no caben esperar grandes gestas en lo que queda de legislatura. Así que vayámonos olvidándonos de la reforma del sistema electoral, la única palanca capaz de cambiar este estado de cosas. El PP y el PSOE son los responsables.