El pastel se descubrió, como decíamos, gracias a una inspección de funcionarios de la Comunidad Autónoma, porque de lo contrario, todo hubiera quedado como habitualmente quedan este tipo de cosas en la villa que preside nuestro admirado Lucas Bravo de Laguna, uno de los valores de futuro del PP canario. Una cuadrilla de trabajadores contratados por el Ayuntamiento con fondos de Empleo, bajo las órdenes políticas del concejal de Vías y Obras, Armando Umpiérrez, arreglaron los accesos a los almacenes de la empresa La Vaquita del Monte contraviniendo, supuestamente, los convenios suscritos para dar salida a esos fondos, destinados a la creación de empleo. Cuando la interventora municipal, Belén Vecino, redactó el escrito de devolución de las cantidades mal empleadas, instó a la apertura de un expediente para que se reclamara patrimonialmente a los responsables y/o beneficiados por ese desvío de fondos públicos. El alcalde ordenó la apertura de un expediente, pero el funcionario designado como instructor pidió que pasara de él ese cáliz, y sugirió la remisión inmediata del expediente a la Fiscalía por apreciar directamente indicios de delito.