Si el primer contacto del nuevo ministro de Industria con las eléctricas fue durante la privatización de la compañía del agua de Las Palmas de Gran Canaria en su etapa de alcalde de esa ciudad, su estreno en la energía eólica llegó al acceder a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria en 2003. Su partido, como ha sido la tónica habitual hasta 2011, cogobernaba en la autonomía con Coalición Canaria, y Soria colocó a su hermano Luis al frente de la Consejería de Industria, responsable, entre otras materias, de sacar a concurso la asignación de potencia eólica en las Islas. Los Soria se convirtieron en materia de renovables en una palanca de poder indiscutible, porque mientras Luis era quien adjudicaba, José Manuel controlaba el ordenamiento territorial para decidir dónde se ponía un parque eólico y dónde no. Pero, además, ambos eran vocales del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, propietaria del campo de vientos más rentable de Europa, el del Puerto de Arinaga. Todo parecía soplar a su favor y sus subordinados veían la tarta que se iba a repartir sin que a ellos les correspondiera otra cosa que mirar desconsolados. Fue entonces cuando estalló el primer escándalo de corrupción del PP canario, el caso Eolo.