El Gobierno de Canarias ha premiado a dos medios de comunicación cercanos al PP, de eso no hay duda. En el caso de Antena 3, además, concurre la circunstancia de que con el apagón analógico de 2010, corría peligro la continuidad de los dos centros de producción que esa cadena mantiene abiertos en las islas. Cierto es, sin embargo, que como consecuencia de aquel ERE salvaje, la plantilla se redujo en casi ochenta personas, lo que hizo caer de modo estrepitoso la calidad de los informativos, que se mantienen con exiguas audiencias. El caso de Popular Televisión es todavía más sangrante porque, además de ser una cadena alegal, mantiene contratos esclavistas de hasta 600 euros por trabajador en su única sede en Canarias, situada en Tenerife. En los programas de Popular TV se prohibe a los tertulianos tocar temas como el aborto, el divorcio y los matrimonios entre personas del mismo sexo. Una contribución bárbara, como se ve, a las buenas prácticas y a la pluralidad de los medios de comunicación con concesiones públicas, como es el caso.