La importancia económica de los yacimientos que se presumen cerca de Fuerteventura y Lanzarote parece indiscutible. De confirmarse los cálculos que hace la petrolera Repsol, los recursos podrían suponer para el Estado español un ingreso muy importante en forma de tributos, además de una fuerte aportación (se estima que del 10% anual) al abastecimiento de hidrocarburos para la demanda nacional. Algunos detalles, estos más difusos, apuntan a ventajas económicas para Canarias gracias a la creación de puestos de trabajo relacionados con los astilleros y el avituallamiento de las plataformas, descartada como está por el momento la posibilidad de que la Comunidad Autónoma, mediante una modificación de la Ley de Hidrocarburos, pueda tener participación en el cobro de tributos por la explotación de esos yacimientos. Hasta ahí, la vertiente positiva. La negativa la ha resaltado estas últimas semanas el touroperador TUI, por mencionar la opinión más desapasionada y alejada de los focos del conflicto propiamente isleño. TUI exige información sobre la cuestión petrolífera y ya avisa de que con extracciones ahí afuera ellos se llevarán a sus turistas a otro lado, o en el mejor de los casos, los avisarán para que sepan a dónde vienen y a lo que se atienen. Eso equivale automáticamente a una devaluación del destino turístico y a la caída automática de los precios por debajo de los paupérrimos niveles que ahora presentan. A la voz de TUI se han unido instituciones, colectivos ecologistas, expertos en turismo, expertos en naturaleza, economistas, analistas de todo tipo y condición que coinciden en que el menor de los riesgos de vertidos pondría en peligro la industria que nos ha mantenido en pie los últimos cincuenta años.