La Victoria de Acentejo como emblema

Mucho tiempo antes de que se constituyeran los ayuntamientos, Carlos Alonso ya estaba maquinando su proceso de humillación al PSOE en las negociaciones para (no) repetir pacto en el Cabildo de Tenerife. Con los resultados en la mano llegó a la terrible conclusión de que ese acuerdo de Coalición Canaria con los socialistas no le iba a venir bien otros cuatro años a la vista de la importante pérdida de votos cosechada y a la vista de las exigencias que su socio iba a poner sobre la mesa tras el desbarajuste en Santa Cruz y en Puerto de la Cruz, entre otras cruces que el PSOE terminará asumiendo como llevaderas. La opción B se puso en marcha: ofrecer al PP un “pacto por Tenerife” con todas las fuerzas políticas integradas en un gobierno de concentración que se convertía en imposible hazaña a partir de la segunda consulta, la del PSOE. Los socialistas tienen anatemizado participar en cualquier gobierno donde se siente el PP, prohibición que conoce de sobra Carlos Alonso y que le viene bien en su búsqueda de un motivo que lleve al PSOE a salirse voluntariamente del carril. En ese plan B, vaya usted a saber por qué, entraba la que la alcaldía de La Victoria de Acentejo fuera para el candidato nacionalista, Haroldo Martín, ganador por la mínima de las elecciones municipales. Los concejales socialistas jamás apoyarían como alcalde a Martín después de que se ocupara personalmente de denunciar a su candidato, Manuel Correa, imputado por una licencia de obra sobredimensionada. A Correa el PSOE, ya con las listas presentadas en la Junta Electoral, lo mandó retirarse, para gran cabreo de la agrupación local. Carlos Alonso pidió a Manuel Domínguez, presidente insular del PP de Tenerife, que se ocupara personalmente de que sus dos concejales se abstuvieran en el pleno de elección de alcalde de La Victoria. Y Domínguez se empleó a fondo: durante los quince días anteriores a la constitución del ayuntamiento les hizo firmar un acuerdo diabólico según el cual los dos concejales se comprometían a abstenerse para que Haroldo Martín fuera alcalde sin entrar de inmediato en el gobierno municipal y, en el colmo del retorcimiento democrático, a no presentar moción de censura durante todo el mandato. Fuera del gobierno y sin poder ejercer como oposición. La aniquilación total.

Expediente disciplinario por hacerse alcalde

A pesar de ese mandato imperativo que cualquiera ganaría en los tribunales, los dos concejales del PP en La Victoria se comprometieron a ejecutar la imposición de su presidente insular, que ha pasado de criticar por “centralista” a su antecesora, Cristina Tavío, a ejercer de feroz dictador bananero. Para asegurarse de que sus órdenes se cumplían, Domínguez no mandó a La Victoria a un cualquiera sino nada más y nada menos que al secretario de Política Nacional del partido en la isla, el doctor Antonio Alarcó. Ni siquiera esa egregia evitó la sorpresa: el candidato del PP, que junto a su compañero debió abstenerse para que Haroldo Martín fuera alcalde, se votó a sí mismo y unió esos dos votos a los cinco que le proporcionó muy gentilmente el PSOE. De modo que la fuerza con menos concejales, dos, y con menos votos, 872, se hacía con la alcaldía del municipio en un gobierno en el se supone que deberá entrar el PSOE, pese al mandato federal que lo prohíbe. Todo ello enredado por el expediente de expulsión que el presidente insular del PP ha decretado solamente contra el nuevo alcalde, Fermín Correa, y no contra el otro concejal, Leo García, en aplicación lógica de la aritmética: si expulsa a los dos del partido y se pasan al área de “no adscritos”, no podría formularse moción de censura contra el alcalde, que en su caso debería apoyar el no expulsado, lo que nadie da por seguro. Porque si ya es raro que el PP expediente a un militante por hacerse con una alcaldía y pintar de azul un municipio más de los pocos que quedan en Canarias de ese color, más raro parece que se expediente sólo a uno de los dos infractores, a pesar de que ambos hicieran exactamente lo mismo. Fermín y Leo cuentan con el respaldo del PP en el municipio, y el alcalde sabe que puede contar con la lealtad de su número dos, que no habría llegado tan lejos en política de no haber sido por su apoyo. Expulsar a un alcalde del PP debe ser complicado en la isla de Tenerife, de ahí que su presidente insular haya decidido puentear al órgano insular que debió tramitarlo y lo ha remitido directamente al comité regional de Derechos y Garantías. Sabe Domínguez que puede tener una rebelión interna si expulsa a estos dos afiliados y se ahorró el disgusto que le podían montar en su propia isla. Menos mal que nos queda lo que pueda dar de sí La Laguna para entretener el cotarro antes del verano.

Un comitecito

Ya volaba rumbo a Madrid Pedro Sánchez cuando la candidata a la vicepresidencia del Gobierno por el PSOE, Patricia Hernández, acompañada por uno de los negociadores que su partido destacó en la mesa del pacto con Coalición Canaria, Francisco Hernández Spínola, explicaban a un reducido grupo de miembros del Comité Regional del partido los pormenores de ese acuerdo que acababa de firmar el secretario general federal. Los argumentos de los dirigentes fueron los recogidos en el acuerdo dado a conocer este mismo lunes urbi et orbi: que el reparto ha sido exquisito y bastante chiripitifláutico, que se ha habido reciprocidad en las responsabilidades políticas horizontales (economía, hacienda y seguridad para los nacionalistas; presidencia, justicia e igualdad para los socialistas); en políticas económicas (turismo, ordenación territorial, medio ambiente, agricultura, industria, comercio y energía para CC; obras públicas, transporte, puertos, empleo y promoción económica para el PSOE), y hasta en acción social (Educación, Universidad, Cultura y Deportes para los de Clavijo y Sanidad, Servicios Sociales y Vivienda para los de Hernández). La vicepresidenta asumirá la representación de Canarias en la Comisión Bilateral Canarias-Estado para los asuntos de la Unión Europea, y seis de las diez consejerías serán para Coalición Canaria; las otras cuatro, para el PSOE, que se queda con la presidencia del Parlamento para la grancanaria Carolina Darias. A las tres decenas y pico de miembros del Comité Regional se les explicó que la futura vicepresidenta fue la que llevó la estrategia de estas negociaciones y que el que no se ha escondido, tiempo ha tenido. Los dos mandamases recibieron críticas de sus militantes por haber soltado tan alegremente la Consejería de Educación y asumir, también con mucha alegría, el marronazo de la Sanidad, que necesitará de más de un mandato para que coja resuello. Pero la suerte está echada.

Gas y Cotmac refundada

Los dos partidos firmantes del pacto de gobierno de Canarias repartieron el documento a la prensa una vez suscrito. Muchas gracias. De una primera y urgente lectura cabe deducir que Patricia Hernández ha hecho valer muchas de sus promesas de campaña, básicamente orientadas a rescatar a la gente que se ha visto más profundamente perjudicada por esta crisis. Se aprecia en materia de vivienda y de desahucios, pero también en dependencia o en violencia de género. Muy meritorios los compromisos que se adquieren en materia de Sanidad y demasiado genéricas casi todas las demás cuestiones. Buen intento, no obstante, que habrá que vigilar. Donde la cosa se pone peluda es en los principios que regirán algunas de las consejerías que asumirá Coalición Canaria, por ejemplo la de Política Territorial, donde ya se anuncia que le van a meter mano a la famosa Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). El pacto anuncia una nueva Ley de Evaluación Ambiental, lo que significa, para entendernos, suavizar las exigencias ambientales actuales. La Cotmac, o “cualquier órgano que pueda sustituirle” (ya estamos) será la responsable de aprobar “la declaración ambiental estratégica” (sic), pero habrá de hacerlo “simplificando la tramitación (…) y facilitando la aprobación del planeamiento no estructurante en el ámbito insular o municipal”. Agárrense, que vienen curvas. En el capítulo energético, unos párrafos más abajo del ambiental (prohibición de prospecciones petrolíferas y disminución de la huella de los combustibles fósiles) se hace un brindis por las renovables con una “transición” por el gas que seguramente va a encantar al gobierno insular de Gran Canaria (Nueva Canarias, PSOE, Podemos), donde tenemos la sospecha que esa decisión del pacto va a encontrarse con algunas dificultades.