Pero volvamos al auto de hace unos días en el que fue ponente Salvador Alba. En él, cómo no, da la razón a Alfredo Briganti en su recurso y ordena al juez Alberto Puebla reabrir la causa de la famosa grabación pretendiendo que se atiendan las diligencias que quiere que se practiquen y, en su caso, se eleve al TSJC exposición razonada contra Miguel Ángel Parramón, que ni está denunciado en la causa ni tiene nada que ver con ella. Tan apoteósico disparate jurídico, firmado por Alba y por su inseparable compañero de patinazos, Carlos Vielba, ha sido merecedor de un contundente voto particular del tercer magistrado de la sala, Emilio Moya, que pone a sus dos “queridos colegas” a los pies de los caballos. Hay afirmaciones del voto particular de Moya, por supuesto no enviado al periódico El Mundo por quien quiera que haya filtrado el auto, que deberían hacer sonrojar al dúo Alba-Vielba: “Es a todas luces una burla a la Administración de Justicia permitir esa personación [de Alfredo Briganti]; mucho más, entendemos contrario a Derecho permitir nada más y nada menos, o más exactamente ordenar al juzgado que practique las diligencias interesadas por el acusador que pretende acusar a los denunciantes”. Y los denunciantes no son otros que el juez Parramón, la juez Rosell y el secretario judicial de Instrucción 7, Miguel Ángel Tabladillo, que denunciaron ante la Policía estar siendo espiados al conocer que Briganti contaba a quien le quería oír que habían sido grabados durante un fin de semana en el Sur hablando del caso eólico. No hay acusación alguna contra ellos, ni querella ni investigación abierta, pero con esos mimbres proporcionados por Salvador Alba, el abogado/imputado consigue su propósito de enturbiarlo todo. Y Alba gana puntos ante el PP.