Willy

GRANADILLA, CATÁLOGO DE ESPECIES, Y AHORA, LOS ESPACIOS NATURALES

El desastre ambiental de Canarias

Está muy bien oponerse a la explotación petrolífera en las aguas de Canarias, y reclamar del Estado facilidades para convertir al Archipiélago en referente planetario de energías alternativas. Es encomiable crear una agencia para la protección del medio urbano y natural y un Seprona, o tramitar costosísimos y exigentes estudios de impacto ambiental cada vez que una actuación puede poner en riesgo cualquier valor ambiental. Pero si fallamos en cosas tan básicas como la reglamentación ya podemos ponernos todo lo conservacionistas que queramos que siempre ganarán la batalla los de la hormigonera. La noticia que les ofrecemos sobre la más reciente sentencia del Supremo (del 18 de julio, ¡viva Honduras!) sobre espacios naturales de Canarias es para que se le pongan a cualquiera los pelos de punta y a unos cuantos la cara colorada. Porque esta autonomía ha sido incapaz estas últimas dos décadas de desarrollar convenientemente la Ley de Espacios Naturales de Canarias, de 1987 para adaptar cada lugar protegido a las necesidades y características propias, y de camino respetar los derechos de los propietarios en presencia y fomentar actividades que pudieran generar economía. Del mismo modo que tampoco fue capaz esta Administración tan sandunguera de desarrollar adecuadamente la ley de la moratoria turística, que de instrumento regulador acabó convirtiéndose en ventaja para los espabilados y freno al desarrollo donde debió haberlo. Es tan consciente la Comunidad Autónoma de esas lagunas que hasta en la Ley de Medias Urgentes de 2009 aparece un disposición adicional, la novena, regulando a su manera algunos espacios naturales, cuatro en concreto, cuya ausencia de regulación causaba estragos. Unamos a este desastre de gestión arbitrariedades como el catálogo de especies protegidas o el puerto de Granadilla, decisiones heredadas que el PSOE no ha sido capaz de contrarrestar desde, lo que compone desde luego el siempre desolador panorama ambiental de Canarias.

EL CABILDO DE TENERIFE AUTORIZA LA DE LA LAGUNA CON PEROS

Desalinizadoras y aguatenientes

En el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte hay una desalinizadora de agua de mar que construyó el Cabildo de la isla con el muy noble objetivo de dar brillo y esplendor al green de un campo de golf, un campo de dieciocho hoyos, diseñado por Severiano Ballesteros, con par 72 y una longitud de 6.019 metros. Uno de las múltiples actividades generadas por la primera Corporación de la que sus dirigentes presumen por considerar que gracias a esas incursiones la isla tiene empleados a unos cuantas personas más que en Gran Canaria, cuyo Cabildo optó por otras cosas (que no es el caso abordar en este momento procesal). Pero la noticia no está en el golf, sino en la desalinizadora, que trabaja al 40% de su capacidad, lo que constituye todo un desperdicio en los tiempos que corren. Si produjera todo el caudal del que es capaz podría abastecer a buena parte de la Isla Baja a un precio razonable y con una calidad indiscutible, infinitamente mejor que la que ahora se suministra. El mismo Cabildo de la misma isla, el de Tenerife, para entendernos, acaba de autorizar al Ayuntamiento de La Laguna, a través del Consejo Insular de Aguas, el proyecto de construcción de una desalinizadora de agua de galerías en unos términos muy restrictivos, a saber: no se le permite a Teidagua, la compañía mixta que explota el agua en La Laguna y municipios colindantes, comercializar el agua que produzca, es decir, limita la producción de la desalinizadora al ámbito de la explotación de la compañía. Y segunda condición restrictiva: si alguna vez el Cabildo decide construir una desalinizadora en la boca de la misma galería, la de Vergara, caducaría la licencia de La Laguna, que se va a construir en la Montaña del Aire, en La Esperanza. Buenavista y La Laguna, dos buenos ejemplos para evidenciar el poder que aún siguen teniendo los aguatenientes.

CON DINERO Y TRAGANDO AGUA DE PÉSIMA CALIDAD

Pagan los vecinos

El poder y la influencia de los Acevedo, accionistas mayoritarios de la galería de Vergara, que abastece de agua a todo el Norte de Tenerife, incluyendo una parte de Santa Cruz, bloquea cualquier solución que pase por aligerar costes a los ayuntamientos y a los vecinos, y por acabar con el tremendo problema de alta presencia de flúor que presenta el agua de abasto en todas las localidades del norte, unas 350.000 almas, si incluimos la zona metropolitana. La galería de Vergara extrae agua de un acuífero localizado en zonas de reciente actividad volcánica, con una alta presencia de CO2, lo que incrementa el contenido en sales, y dispara especialmente el flúor. Son constantes los avisos a la población de que no consuman agua de abasto cuando se dispara por encima de los valores admisibles la presencia de este elemento en el agua, sin ir más lejos la semana pasada. Ni siquiera la intermediación de una planta desalinizadora garantiza una calidad óptima del agua, al menos comparable con la que se podría conseguir tratando la del mar, que encima tiene coste cero de materia prima. El Cabildo lleva quince años dándole vueltas a la posibilidad de construir una desalinizadora en la boca de la galería de Vergara en vez de imitar otros ejemplos de éxito, como el de Gran Canaria, y acudir a la potabilización de agua de mar, más barata, de mayor calidad y con indiscutible garantía de suministro. Pero los aguatenientes mandan y mandan de lo lindo. De ahí que el Cabildo imponga ahora a La Laguna la caducidad de la licencia de su desalinizadora de La Esperanza si decide hacer la suya en la zona alta de Los Realejos, en la boca de la galería de los Acevedo. ¿Y quién paga esta política disparatada? Los vecinos, cómo no. Primero porque, con desalinizadora o sin ella, la calidad del agua seguirá siendo precaria. Segundo porque, tanto en el caso de La Laguna como en el de la que algún día promueva el Cabildo, los costes se repercutirán en el recibo del agua a través de cada Ayuntamiento, que habrán de arrimar el hombro en una infraestructura así. La desalinizadora de La Laguna, para que se hagan una idea, va a costar 17 millones de euros y el dinero saldrá de las arcas municipales, es decir, de los bolsillos de los contribuyentes. El Cabildo no tiene dinero para una aventura de este tipo y sus lamentos contra el Estado por no incluirla nunca en el convenio de obras hidráulicas se tropezaron siempre con la ausencia de apoyo de la Comunidad Autónoma, que jamás la incluyó como obra de interés general. Ahora que no hay perras, échale hilo a la cometa. Y a pagar los vecinos.