La Eurocámara solicita que los inmigrantes cualificados no quiten trabajo
El pleno del Parlamento Europeo, que a lo largo de esta semana se reúne en Estrasburgo (Francia), pidió este jueves que la tarjeta azul para atraer a inmigrantes altamente cualificados al mercado laboral de los socios comunitarios “no robe” los recursos humanos imprescindibles para el desarrollo de sus países de origen, particularmente en sectores tan codiciados como la sanidad y la educación.
La Eurocámara ?que en el ámbito de la inmigración ilegal no tiene poder decisorio, sino sólo de consulta- dio este jueves su visto bueno a la introducción de esta tarjeta destinada a atraer a trabajadores altamente cualificados de terceros países a la Unión Europea (UE). En este sentido, los eurodiputados respaldaron por 388 votos a favor, 56 en contra y 124 abstenciones, el informe de la ponente alemana del Partido Popular Europeo (PPE), Ewa Klant.
La tarjeta azul no sustituirá a los sistemas nacionales existentes con un procedimiento común de admisión para los inmigrantes altamente cualificados y les permitirá una mayor movilidad entre los Estados miembros ya que los 27 actuales sistemas de admisión reducen el atractivo de la UE como destino para los trabajadores inmigrantes altamente cualificados.
Un hecho que ilustran las cifras puesto que “solamente el 5,5% de los emigrantes altamente cualificados de los países del Magreb vienen a la Unión, mientras que cerca del 54% eligen Estados Unidos o Canadá”, cifra el informe.
En su informe de opinión, la Eurocámara considera necesario clarificar los requisitos de admisión y explica que, entre ellos, los solicitantes “deberán encontrar un empleo en la Unión Europea”, “poder acreditar al menos cinco años de experiencia en el sector o un título universitario reconocido por los Estados miembros” y disponer de un salario “como mínimo 1,7 veces” superior al salario medio anual del Estado miembro de residencia.
La tarjeta no se otorgará a los solicitantes de asilo o trabajadores temporeros en un Estado miembro, ya que en estos casos se aplican otras normas. Los Estados miembros decidirán el número de tarjetas que emiten anualmente y pueden incluso rechazar su concesión cuando el inmigrante cumpla todos los criterios.
Asimismo, el Parlamento Europeo pide a los socios que den preferencia a los ciudadanos y plantea que puedan rechazar a los “titulares de una tarjeta azul concedida en otro Estado miembro para facilitar el acceso al mercado laboral a sus nacionales u otros ciudadanos comunitarios”.
La Eurocámara amplía en un año (de dos a tres) el periodo de validez para la tarjeta azul propuesto por el Ejecutivo comunitario tras lo cual el titular podrá intentar trabajar en otro Estado miembro.
Además, podrá renovarse por un mínimo de dos años. El titular de una tarjeta azul que pierda su empleo debería disponer, según los diputados, de seis meses para encontrar otro, y no tres como proponía la Comisión Europea.
Por último, los “miembros de la familia del titular de la tarjeta azul tendrán derecho a solicitar el permiso de residencia en un periodo de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud”.
