Auscan respalda la reactivación de la Junta Arbitral
El director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, ha mantenido una reunión de trabajo con la junta directiva de la Asociación de Usuarios de Servicios de Canarias (Auscan) en la que se ha informado sobre el plan de choque para reactivar la Junta Arbitral de Canarias, iniciativa que ha contado con la conformidad de la asociación.
Gustavo Matos ha señalado que la Junta ofrece un servicio fundamental a la ciudadanía y que, con su promoción, se busca dar respuesta al creciente número de reclamaciones presentadas, un 15% más en lo que va de año que en 2011 y agilizar los procesos de arbitraje. “Queremos atender más y mejor”, ha subrayado.
“El sistema arbitral es rápido, eficaz y económico”, ha resumido Matos que ha insistido en que para los usuarios y consumidores es el cauce más adecuado para hacer valer sus derechos y en que para las empresas y profesionales refuerza la confianza de los consumidores y todo ello sin necesidad de acudir a los Tribunales de Justicia.
La asociación coincidió con los planteamientos del director general y ha trasladado que la atención a los consumidores debe contar con un presupuesto suficiente en 2013 en aras de mejorar las acciones de atención. Asimismo la directiva de Auscan ha expresado su apoyo al Plan de “puesta al día” de la Junta y respaldado la labor llevada a cabo por la Dirección General. Auscan, además, ha comunicado que tras la desaparición de las subvenciones no va a abandonar la Junta. La Dirección General buscará fórmulas alternativas sobre financiación.
Matos ha agradecido a Auscan que se sume a este Plan para atender sus compromisos con el ciudadano. “Debe haber un principio de lealtad entre el consumidor y el vendedor en donde no todo vale”, ha indicado para añadir que “la responsabilidad empresarial debe ejercerse en ámbitos como éste y no se puede permitir que haya trasgresiones de los intereses de unos y otros”.
La Junta Arbitral de Consumo es el órgano administrativo de gestión del arbitraje institucional de Consumo y presta servicios de carácter técnico, administrativo y de secretaría. Su principal función es dirigir el procedimiento arbitral, para conseguir que el Sistema Arbitral de Consumo funcione correctamente. Para ello, realiza, entre otras, tareas de fomento y formalización de convenios arbitrales; mediación respecto de los conflictos planteados; confección y actualización del censo de empresas adheridas; y elaboración y puesta a disposición de los interesados de los modelos de convenio arbitral.
