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No habrá cambios en los presupuestos regionales

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, ha asegurado que el Ejecutivo canario “no va a mandar una nueva Ley de Presupuestos, porque la aprobada ya prevé lo que habría que hacer en caso de que no se cumplan los compromisos de financiación” por parte del Estado.

“Con la tasa de paro que hay en Canarias, no sería entendible que el propio presidente Rajoy incumpliera sus compromisos de investidura de conseguir que en Canarias se invirtiera la media del resto de comunidades y se volviera a incumplir nuevamente la Ley del REF”, afirmó.

El consejero respondía así al socialista Manuel Marcos Pérez, quien mostró su “preocupación” por las “señales preocupantes, negativas y perjudiciales para Canarias” que ha emitido el Gobierno de Rajoy en los pocos días en que lleva en La Moncloa, como son la supresión de las bonificaciones a las tasas aéreas o a las renovables.

“Hay 2.400 millones que dependen de transferencias del Gobierno de España, el 41 por ciento, y 222 millones para políticas activas de empleo”, recordó el socialista.

Flexibilizar los objetivos de défict

Por otra parte, y a una pregunta concreta de la nacionalista Mar Julios, González Ortiz aseguró que “no creo que una Ley de estabilidad presupuestaria frene la recesión”, ya que eso se consigue con planes de reactivación de la demanda y el empleo.

Julios aseguró que las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Rajoy siguiendo las tesis de la Unión Europea “son bombas para el crecimiento que nos llevan a la recesión, y llegaremos a los seis millones de parados”.

“La Europa del Norte está llevando a la Europa del Sur al desastre”, continuó la diputada nacionalista, pues “la ausencia de inversión pública no es la senda adecuada para reactivar la economías”.

El titular de Economía y hacienda insistió en que el Estado “debe flexibilizar las duras condiciones” de disciplina presupuestaria a las comunidades autónomas que, como Canarias, “han hecho sus deberes”.

“Lo contrario sería castigar a las que han cumplido y premiar a las incumplidoras, poniendo en peligro no solo la prestación de los servicios públicos esenciales, sino imposibilitar políticas incentivadoras de la reactivación y el empleo”, concluyó González Ortiz.

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