CiU pide anular pensiones a directivos de bancos rescatados si hay mala gestión
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El grupo parlamentario de CiU ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a limitar, también con carácter retroactivo, las indemnizaciones de directivos de entidades financieras que hayan recibido apoyo financiero público a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) e incluso anularlas en caso de actuación negligente.
El portavoz de los nacionalistas catalanes en la Cámara Baja, Josep Antoni Duran i Lleida, ya avanzó este martes la presentación de esta iniciativa tras criticar la indemnización de casi 14 millones de euros prevista para uno de los exdirectivos de Bancaja, la segunda accionista de la nacionalizada Bankia.
“En estos momentos que el Gobierno están tomando decisiones sobre los bancos que a la gente le está costando mucho entender, no podemos permitir que las personas que han tenido responsabilidad en la gestión de un banco que ha tenido que ser nacionalizado cobre 14 millones de euros”, dijo Duran.
En su iniciativa, CiU aboga por modificar la Ley de Saneamiento del Sector Financiero en lo relativo a las remuneraciones en las entidades que reciban apoyo público para su saneamiento o reestructuración con el fin de limitar las retribuciones que puedan percibir sus administradores, cargos directivos y miembros de órganos colegiados.
La propuesta de los nacionalistas catalanes persigue que esta medida se aplique no sólo para el ejercicio 2012 y mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda pública.
Además, piden al Ejecutivo revisar las indemnizaciones, pensiones o cualquier cláusula de blindaje percibidas por los administradores o cargos directivos de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del Estado a través del FROB, con el fin que éstas sean anuladas o declaradas inválidas en caso de gestión negligente y por cuya causa ha sido requerida la aportación de fondos y avales públicos.
