El Defensor del Pueblo Europeo investigará el proyecto del puerto de Granadilla
La decisión del Defensor del Pueblo Europeo ante las reclamaciones contra el proyecto del puerto de Granadilla (en el sur de Tenerife) tardará un año, según ha comunicado su titular, Nikiforos Diamandouros, a los cuatro grupos ecologistas denunciantes.
Los grupos ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF/Adena y SEO Bird Life recurrieron la decisión de la Comisión Europea de autorizar la construcción del puerto porque el ejecutivo europeo no tomó en consideración las alternativas que se presentaron al proyecto y porque éste no les contestó cuando pidieron explicaciones por esa omisión.
En su escrito de respuesta a los ecologistas, el Defensor del Pueblo les comunica que ha solicitado un dictamen a la Comisión Europea sobre esta denuncia y que se ha dirigido al presidente de la Comisión Europea para que le haga llegar un informe al respecto antes del 30 de septiembre.
Una vez emitido ese informe, los ecologistas tendrán un mes para presentar las alegaciones que estimen oportunas, y posteriormente el expediente será examinado por un jurista designado por el Defensor del Pueblo, que será el que finalmente tome una decisión.
El Defensor del Pueblo avisa a los denunciantes que su oficina trata las reclamaciones “lo más rápido posible” y que sus decisiones habitualmente tardan un año, salvo cuando los expedientes requieren investigaciones adicionales.
Los grupos ecologistas Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF/Adena y SEO Bird Life recurrieron la decisión de la Comisión Europea de autorizar la construcción del puerto porque el ejecutivo europeo no tomó en consideración las alternativas que se presentaron al proyecto y porque éste no les contestó cuando pidieron explicaciones por esa omisión.
En su escrito de respuesta a los ecologistas, el Defensor del Pueblo les comunica que ha solicitado un dictamen a la Comisión Europea sobre esta denuncia y que se ha dirigido al presidente de la Comisión Europea para que le haga llegar un informe al respecto antes del 30 de septiembre.
Una vez emitido ese informe, los ecologistas tendrán un mes para presentar las alegaciones que estimen oportunas, y posteriormente el expediente será examinado por un jurista designado por el Defensor del Pueblo, que será el que finalmente tome una decisión.
El Defensor del Pueblo avisa a los denunciantes que su oficina trata las reclamaciones “lo más rápido posible” y que sus decisiones habitualmente tardan un año, salvo cuando los expedientes requieren investigaciones adicionales.
