Entra en vigor la licencia única, a la que Canarias se opone
El principio de licencia única, en virtud del cual empresas y profesionales podrán ofrecer sus productos o servicios en toda España tras recibir autorización en una autonomía, entrará en vigor este domingo y lo hará con la oposición de Andalucía, Cataluña, Canarias y País Vasco.
Las cuatro autonomías estudian recurrir la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que regula la licencia única, por considerar que invade sus competencias y desprotege a los consumidores, ya que, a su juicio, las empresas tenderán a implantarse en las comunidades con las normativas menos exigentes.
La ley, que fue aprobada por el Congreso de los diputados en noviembre de 2013 con los votos del PP, busca agilizar la actividad económica y evitar que siga habiendo empresas que se vean obligadas a fabricar 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir 17 licencias para adaptarse a las diferentes legislaciones autonómicas.
La ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de diciembre, aunque se establecía un periodo transitorio de 3 meses para la entrada en vigor varios de sus artículos.
El Gobierno de Canarias considera que con esta ley el Gobierno central pretende eliminar competencias autonómicas por vía indirecta, según el director general de Comercio canario, Gustavo Matos.
En su opinión, la licencia única no ofrece garantías para “crear empleo o dinamizar la economía ”y solo facilita las cosas a determinadas fórmulas comerciales“.
Desde Cataluña, el consejero de Empresa, Felip Puig, ha asegurado que la Generalitat dificultará y “evitará hasta el último momento” la aplicación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y que se atendrá a la directiva europea de servicios, la Constitución y el Estatuto.
Según Puig, la nueva ley, que será recurrida ante el Tribunal Constitucional por la Generalitat, “ataca” los fundamentos de las estructuras políticas y económicas de Cataluña y “altera” el pacto constituyente de reparto de poder autonómico.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó el 4 de marzo interponer un recurso contra la Unidad de Mercado por poner “en grave riesgo” el ejercicio de sus competencias.
Según el portavoz el Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, la Junta apoya la unidad y simplificación de los trámites administrativos pero no dicha ley porque “confunde unidad con uniformidad” y es ajena al criterio descentralizador de la Constitución.
En la misma línea, el Ejecutivo vasco acordó en febrero recurrir ante el Constitucional la ley por considerar que invade competencias autonómicas y pretende uniformar la “diversidad regulatoria autonómica” bajo el pretexto de garantizar la “unidad del mercado nacional”.
Además, podría generar “deslocalizaciones de empresas” en busca de territorios con normativas mas laxas, según el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.
En paralelo, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de revisión normativa con el fin de modificar o derogar las diferentes regulaciones que contravienen la Unidad de Mercado, punto polémico que está previsto que Ejecutivo y autonomías aborden en la Conferencia Sectorial de Comercio que se celebrará el próximo martes en Madrid.
En concreto, se ha detectado que unas 2.700 normativas, el 30 % de ellas estatales (810) y el 70 % autonómicas (1.890), afectan a 29 sectores económicos y contienen trabas a la unidad de mercado o barrera para el ejercicio de la actividad empresarial.
El Gobierno considera que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado permitirá aumentar anualmente el PIB en 1.500 millones en sus primeros diez años de aplicación.
