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Los ganaderos canarios se unen para reclamar 23 millones en ayudas atrasadas

Representantes de colectivos ganaderos, este lunes. (EFE/Ángel Medina G.)

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

Medio centenar de asociaciones ganaderas de Canarias han constituido una plataforma para exigir el pago de los cerca de 23 millones de euros de ayudas del POSEI que -aseguran- adeudan desde 2009 los gobiernos central y autonómico a este sector, que emplea a 12.000 personas en las islas.

Representantes de estas organizaciones han dado a conocer este lunes la plataforma que reclama también un cambio en el sistema de reparto de las ayudas del POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) y el apoyo de las administraciones para que la ganadería represente una salida para los jóvenes parados procedentes de la construcción.

El secretario insular del sindicato agrario COAG en Gran Canaria, Juan Hernández, ha afirmado que tanto el Gobierno central como el autonómico han incumplido sistemáticamente desde 2009 el pago de las ayudas adicionales que les corresponden del POSEI, que afecta a más de 3.000 peticionarios y está perjudicando gravemente a la viabilidad de las explotaciones y al empleo.

La plataforma exige, por ello, al Gobierno canario que se constituya una mesa de negociación en la que se presente un calendario en el que se fije el pago de esas ayudas que les deben y que presente la propuesta de reforma del programa POSEI para 2015 que debe remitir Canarias a la Comisión Europea antes del 31 de julio.

Esta propuesta debe incluir para el conjunto de líneas de apoyo el mismo porcentaje de cofinanciación comunitaria y de ayuda del Estado, para acabar con el trato desigual, tanto en el sistema de pago como en el tiempo en que se hace efectivo, porque los ganaderos son los últimos en percibir este apoyo económico, ha indicado Hernández.

Según destacan en el documento que han suscrito, la paralización de la reforma del POSEI supone un “mazazo” para los ganaderos de las islas e incrementa la sensación de que, desde la administración canaria y estatal, “se está despreciando a un colectivo cuya importancia social, económica, medioambiental y cultural es innegable”.

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