Canarias sigue adelante con la modificación de su Ley de Vivienda
La consejera canaria de Vivienda, Inés Rojas, ha asegurado este viernes que esta comunidad autónoma “seguirá adelante con la modificación de la Ley de Vivienda” regional que defiende su función social para proteger a las familias en riesgo de exclusión.
Así lo ha manifestado Rojas en un comunicado en el que ha pedido al Gobierno del Estado “que no recurra la ley canaria”, después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido de forma cautelar la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como “antidesahucios”, al admitir a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo central.
La consejera canaria ha explicado que la nueva regulación que promueve el Gobierno regional “hace especial hincapié en la urgencia de incluir en el mercado el amplio parque de vivienda desocupada y que está en manos de entidades financieras y filiales inmobiliarias para lo que, en primer lugar, contempla la creación de un Registro de Viviendas Desocupadas”.
“Lo más importante es que con esta normativa activaremos el mecanismo que nos permitirá conocer el número real de viviendas vacías con el objetivo de instar a sus propietarios a que las movilicen en alquileres económicos”, ha referido.
Inés Rojas ha añadido que la ley que promueve Canarias “surge porque los gobiernos están para proteger el interés general y, por tanto, a las familias sin recursos, con niños y niñas a cargo y en riesgo de exclusión, amenazadas por desahucios, y que conviven con un creciente número de viviendas desocupadas, en propiedad de las entidades financieras principalmente”.
A juicio de Rojas, “hay que actuar con contundencia para impedir que, por situaciones económicas adversas sobrevenidas, las familias se vean aún más desprotegidas”, por lo que ha pedido al Gobierno del Estado que “no recurra esta modificación cuando sea aprobada por el Parlamento canario, sino que entienda la función social de la vivienda y reconozca la necesidad de sacarla adelante en Canarias”.
La modificación de la ley canaria asigna también la competencia expropiatoria temporal y por un máximo de tres años al Gobierno de Canarias para aquellas viviendas propiedad de las entidades financieras y que estén desocupadas y se justifica en que la competencia en materia de vivienda es de la comunidad autónoma, ha explicado.
La consejera ha defendido la expropiación temporal, al considerar que es “una medida rápida y efectiva para darle una respuesta a las familias”.
No obstante, ha precisado que “la expropiación de viviendas a las entidades financieras no sería plena, sino una expropiación del uso y sólo por tres años ante situaciones de emergencia social, que en ningún caso afectaría al derecho de propiedad, sino al derecho de usufructo de las viviendas”.
La modificación de la Ley de Vivienda de Canarias ha sido sometida a información pública, al trámite de audiencia a los cabildos, ayuntamientos y demás entidades sociales interesadas en el procedimiento conducente a la aprobación del citado Anteproyecto de Ley.
También cuenta con el dictamen del Consultivo, del Consejo Económico y Social de Canarias y con los informes de los diferentes departamentos precisos.
En la actualidad, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias se encuentra en el Parlamento de Canarias para su debate, ha recordado Rojas.
