''Estamos totalmente desarmados frente a los excesos y desviaciones de poder de Hacienda''
La orden de intensificar la recaudación a toda costa en las administraciones públicas, desde la General del Estado hasta los municipios, está dejando en este crítico 2012 a muchos contribuyentes “totalmente inermes” ante Hacienda, ya sea la Agencia Estatal o la autonómica, incluso las locales.
Por experiencia propia de 25 años como asesor fiscal, José Alfonso García Morales concluye que los organismos públicos para la defensa del contribuyente “funcionan mal cuando funcionan”, ya sea el Defensor del Pueblo o la “figura decorativa” del Diputado del Común en Canarias, porque la “norma que lo regula nace muerta”.
De ahí su idea de crear una asociación para la defensa del contribuyente que enfrente cara a cara “la indefensión total frente a los excesos y desviaciones de poder, las arbitrariedades que se cometen todos los días en las administraciones tributarias”.
“Estamos indefensos”, aseguró este lunes el presidente de la asociación Davide en una entrevista en Tiempos Modernos. “Por la necesidad que se tiene de recaudar más, los abusos son frecuentes: se saltan a la torera todas las garantías que tiene el contribuyente para hacer frente a sus obligaciones: directamente embargan sin apremiar, apremian sin notificar, e incluso recaudan impuestos a los que no se tiene derecho por distintas razones”.
Davide ha decidido llevar casos de abusos ante la Justicia, y entre manos tiene ahora un reciente caso de un empresario que se ha visto obligado a pagar el Impuesto de Actividades Económicas a un ayuntamiento del Sureste grancanario cuando su empresa ha dejado ya toda actividad en el municipio. “Hay un hecho incontestable: una empresa que ya no está en un municipio realizando una actividad económica no puede ser objeto de tributación por esa actividad económica, y lo más grave es que el ayuntamiento lo sabe y sigue adelante”.
“La práctica de las haciendas es primero disparar y después apuntar”, explica García Morales. Es el caso de la Agencia Estatal, cuyos inspectores gozan de unos bonus, incentivos económicos marcados por objetivos ultrasecretos que solo conoce la cúpula, pero que les permite cobrar al año unos 25.000 euros extra a su sueldo medio de 80.000 euros por abrir actas de inspección.
Los inspectores cobran por extras por abrir actas a contribuyentes
“Yo no digo que se abran actas de manera arbitraria, sino que una vez abiertas se estimula que la cifra [de la sanción] sea la más alta posible”, indica José Alfonso García, ya que “ellos tienen un bonus, alambicado y mezclado con otros conceptos, que cuando uno analiza la fórmula por la cual se calcula, descubre que está estimulado para descubrir cifras [de presuntos fraudes de contribuyentes]. La cifra del acta es determinante del bonus que cobra el inspector, no es el único elemento, pero sí determinante”, comenta este asesor fiscal grancanario.
Esta fórmula ultrasecreta a la que ni siquiera tienen acceso jueces en procesos abiertos ha sido definida por un magistrado de la Audiencia Nacional como “el cuarto secreto mejor guardado después de los tres de Fátima”, asegura el presidente de la asociación Davide.
García Morales también revela la existencia de una demanda judicial planteada en las Islas “por una inspectora de Hacienda contra la Agencia porque no tiene acceso a esa información, porque las normas son secretas”. A la inspectora le retiraron el bonus sin darle explicaciones y “ella, que es la beneficiaria, manifiesta en sede judicial que desconoce la fórmula”.
“No puedo afirmar que la intención con la que se haga [el acta de inspección] es ir a la máxima para cobrar más bonus, lo que puedo decir es que el bonus está ahí”, incide el presidente de esta asociación canaria en defensa del contribuyente, en cuya página oficial se hace eco de unas durísimas afirmaciones de todo un ex director general de la Agencia, Ignacio Ruiz-Jarabo, que define el funcionamiento de la Inspección de Hacienda como “prácticas cercanas a la extorsión”.
