El Banco Santander, condenado a devolver 170.000 euros a una clienta de Gran Canaria a la que vendió valores
El Banco Santander ha sido condenado por primera vez en la provincia de Las Palmas por la comercialización en el año 2007 de los bonos convertibles (conocidos como Valores Santander), unos productos complejos que provocaron que miles de clientes en toda España perdieran en torno al 55% del dinero que invirtieron en ellos.
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de la capital grancanaria ha dictado una sentencia que da la razón a la demandante, anula el contrato y obliga a la entidad financiera a devolverle 170.000 euros, aunque a esa cantidad habrá que restarle los rendimientos e ingresos que percibió desde su suscripción y sumarle los respectivos intereses legales.
La resolución judicial, fechada el 24 de mayo, hace hincapié en que a la afectada, una auxiliar administrativa sin conocimientos financieros y de perfil minorista, no se le proporcionó una conveniente información previa a la contratación del producto. En contra de lo manifestado por la entidad, la clienta negó haber recibido el folleto con el resumen de las características esenciales de los Valores Santander a la hora de suscribir la orden de compra o antes.
El magistrado va más allá y sentencia que la entidad financiera habría incumplido su deber de información aunque hubiera entregado el documento a la clienta en ese momento. Y es que el folleto estaba redactado “en un léxico incomprensible para alguien ajeno a los mercados de valores”, no incluía gráficos ni dibujos explicativos y no advertía de que era un producto de riesgo ni de que se trataba de la adquisición de bonos convertibles en acciones del banco y, por lo tanto, sujeto a las fluctuaciones de la Bolsa.
La resolución judicial declara la nulidad del contrato por vicio del consentimiento por error, al incumplir la normativa protectora de los usuarios de banca en lo relativo a la información.
El Banco Santander emitió bonos convertibles en acciones por valor de 7.000 millones de euros en octubre de 2007. Con ellos pretendía financiar su parte de la compra de la entidad ABM Amro, una operación en la que se había embarcado un consorcio bancario que completaban el Royal Bank of Scotland y Fortio. El gancho para atrapar a los ahorradores era el elevado tipo de interés que percibirían por estos productos, del 7,3% fijo durante el primer año y del 2,75% más Euribor a partir del segundo.
Si el consorcio no adquiría ABM Amro antes del 27 de julio de 2008 se reembolsarían las cantidades invertidas. Sin embargo, si lo compraba antes de que expirara el plazo, como finalmente ocurrió, los valores serían canjeados por obligaciones que, a su vez, eran convertibles en acciones. Es decir. en la práctica el producto actuaba de forma similar a la compra de acciones, con el riesgo de fluctuación, aunque atenuado por los intereses que el cliente recibía a cambio. El canje podía ser voluntario, durante los meses de octubre de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 u obligatorio en el mismo periodo de 2012.
El precio de referencia para el canje de estos últimos bonos estaba predeterminado desde 2007 de acuerdo a una compleja fórmula. De esta manera, los clientes que habían suscrito los Valores Santander pagaron por cada acción 16,04 euros cuando en ese momento cotizaba en Bolsa a alrededor de 6. Este cambio se traducía en la pérdida del 55% de la inversión o del 32% si se descontaban los intereses cobrados.
Para el despacho que ha representado a la demandante, Ortega y García Abogados, esta sentencia “sienta un precedente importante” en Las Palmas. El bufete destaca que el magistrado que firma la resolución judicial, José Antonio Morales, ocupó una plaza en la Audiencia Provincial, lo que, en su opinión, “le confiere el máximo rigor”.
En relación a los Valores Santander, la estrategia de la entidad financiera está siendo la de intentar llegar a acuerdos extrajudiciales con los clientes. En el ámbito penal, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno instruye desde junio de 2014 una causa iniciada a raíz de la querella interpuesta por 90 clientes del Santander que acusaban al banco de fraude en la comercialización de los bonos convertibles. Según publicó recientemente eldiario.es, la Fiscalía descarta que la cúpula de la entidad haya incurrido en responsabilidades penales y se las atribuye a los empleados.
