Directores de centros de formación admiten subcontratos para impartir cursos del Icfem
Directores o dueños de centros de formación han reconocido este jueves que sus servicios fueron contratados por organizaciones empresariales o fundaciones para impartir cursos del Icfem a finales de los noventa, y que estos eran controlados por el instituto y por las empresas que les contrataban.
El director y administrador de la academia Kuma, Javier Mayoral, que también era apoderado del centro Pilar Fernández Fernández, ha dicho que esos dos centros ofrecieron cursos subvencionados por el Icfem, tras ser contratados sus servicios por Forecan, sobre todo, y por Fedalime, y que “nunca” desde el instituto se les advirtió de que cometieran ninguna “irregularidad”.
Según el fiscal anticorrupción, Luis del Río, esta contratación se hizo de forma irregular al contravenir la normativa vigente que lo prohibía y, además, sin el control debido, por lo que imputa un delito continuado de prevaricación al exconsejero de Empleo y presidente del Icfem Víctor Díaz y a dos ex directores generales, Diego León y Francisco Almeida.
El testigo Javier Mayoral ha señalado que fue objeto de una auditoría en el año 2000 y, a preguntas de la defensa, ha dicho que en ella se concluyó que no había “incumplimientos” y que la financiación se dirigió a los compromisos adquiridos de formación.
Así mismo, Javier Mayoral ha señalado que solo recuerda haber tenido problemas por incumplimientos detectados con tres cursos que se impartieron por importe de 11 millones de pesetas (66.111 euros), y que debían dar lugar al reintegro por parte del Icfem, según el fiscal, a lo que el testigo ha dicho que alegaron la falta de vínculo con el instituto.
Javier Mayoral ha explicado que presentaba la factura de los cursos a Forecan (Fundación Canaria para el Empleo y la Formación), a raíz de los contratos suscritos con esta entidad para el alquiler de aulas y equipos y para servicios de docencia en materia de idiomas e informática, de manera que complementaba la oferta formativa de la fundación.
Así mismo, ha indicado que las acciones formativas de Kuma estaban homologadas por el Icfem y que las acciones de inserción laboral estaban coordinadas y controladas por Forecan, que también se encargaba de fijar los contenidos de los cursos y buscar los recursos que se precisaban para ello, según la también testigo Teresa Mayoral, que impartía docencia y se encargaba de la coordinación en la academia, de propiedad familiar.
El representante legal de la cadena hotelera Riu en los años noventa, Ambrosio Lameiro, que también ha declarado como testigo, ha reconocido que formalizó un convenio con el Icfem en diciembre de 1996 por importe de 14,6 millones de pesetas (85.776 euros) y ha dicho que era normal impartir primero la formación y después recibir la subvención, en contra de lo que sostiene la Fiscalía.
Lameiro ha indicado que la empresa tenía convenios de formación en muchas provincias, por lo que ha señalado no recordar lo ocurrido con este que formalizó con el Icfem, en relación a si impartió primero el curso y después recibió la ayuda correspondiente y al porcentaje de alumnos que fueron después contratados por la empresa.
El testigo ha señalado que “era habitual” ofrecer primero el curso y después obtener la subvención, si bien “no sabe si era correcto o no”, al tiempo que ha afirmado que no “tiene constancia de hubiera ninguna irregularidad” respecto a esos acuerdos con la administración en materia de formación para posterior contratación de personal.
A preguntas de las defensas, ha señalado que los cursos se ofrecieron en las fechas estipuladas en el convenio suscrito con el Icfem.
El representante de la academia Steinger, Ángel Martín-Serrano, ha declarado que no recuerda bien los fondos para formación que obtuvo del Icfem, que según el fiscal fueron dos subvenciones, una de ellas por importe de 30 millones de pesetas (180.303 euros) en diciembre de 1997 para impartir una formación que ya había finalizado.
No obstante, ha indicado, ante el hecho de que diera los cursos antes de recibir la subvención, que se “daba por hecho” que se la iban a conceder.
Además, ha asegurado que su centro tenía “inspecciones y auditorías permanentes” y que llevaba todo “al día y a rajatabla”, porque además estaba ubicado muy cerca de la sede del Icfem.
El juicio por esta presunta trama de corrupción, de las primeras que se investigaron por esta fiscalía en Canarias, continuará mañana, cuando está previsto que concluya la prueba testifical, ya que en la sesión prevista para el lunes comenzará la pericial.
