El Cabildo majorero pide la nueva exposición pública sobre Repsol
El Cabildo de Fuerteventura (CC-PSOE) ha pedido formalmente al Ministerio de Industria que vuelva a someter a información pública el expediente de Repsol para que se puedan presentar alegaciones a toda la documentación nueva incorporada en estos meses.
La institución insular ha denunciado, en un comunicado, que toda esta documentación presentada no pudo consultarse por las más de 11.000 personas que en agosto y septiembre de 2013 participaron en el anterior proceso de información pública.
Esta petición se produce cuando se cumple un nuevo mes en la tramitación que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente realiza de la declaración de impacto de las prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
Además, el Cabildo ha facilitado un formulario de solicitud a los ciudadanos interesados en ejercer también su derecho a reivindicar un nuevo proceso de exposición pública de la documentación que debe ser cumplimentado y registrado en las respectivas direcciones insulares de la Delegación de Gobierno o en los registros oficiales compatibles.
El 29 de julio de 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo sometió a información pública el programa de Repsol para realizar hasta tres perforaciones exploratorias y su estudio de impacto ambiental.
“Graves deficiencias”
Según el Cabildo de Fuerteventura, el proceso de información pública ha puesto de manifiesto “la oposición” de la sociedad canaria y sus instituciones y ha evidenciado con informes técnicos de expertos de reconocido prestigio internacional, las “graves deficiencias” de los documentos presentados por Repsol.
Desde noviembre de 2013 hasta marzo de 2014, Repsol ha presentado a la administración documentación en respuesta a las alegaciones de los ciudadanos y las instituciones, entre ellas un nuevo estudio en caso de vertido catastrófico de 3.000 bidones de petróleo por día y un estudio de impacto sobre la salud o proyectos de los pozos petrolíferos previstos.
El Cabildo majorero cree que toda esta documentación debió ser sometida a información pública conforme establecía el artículo 9.3 y 7 del Real Decreto Legislativo 1/2008, por lo que no procede una nueva consulta restringida a administraciones públicas y personas interesadas, sino un nuevo período de información pública abierta al público en general.
Además hay nuevos informes de organismos como el CEDEX, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno canario o la Directora Técnica de la División para la Protección del Mar que “son necesarios” para conocer el alcance de los riesgos que comportan los pozos petrolíferos.
A juicio del Cabildo majorero, no acordar el nuevo período de información pública “vicia” el procedimiento de nulidad y “viola el derecho fundamental de los ciudadanos a conocer los riesgos que podemos sufrir en el medio ambiente del que vivimos”.
