Procesan al ex presidente Menem por entorpecer la investigación de un ataque contra un centro judío en 1994
BUENOS AIRES, 2 (EUROPA PRESS)
Un juez federal imputó ayer al ex presidente de Argentina Carlos Menem y a otros antiguos altos cargos en la causa que se sigue por supuestas irregularidades de las autoridades en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 que provocó 85 muertos y más de 300 heridos.
El juez Ariel Lijo procesó, sin decretar prisión preventiva, al antiguo presidente y su hermano, Munir Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, el comisario Jorge 'Fino' Palacios, el ex subsecretario de Inteligencia Juan Carlos Anchezar y el comisario retirado Carlos Castañeda, según anunció el Centro de Información Judicial.
Todos ellos están acusados de obstruir la investigación del ataque a la mutua judía y, por este motivo, Lijo impuso a los imputados un embargo de 300.000 pesos (unos 53.700 euros), informó el diario 'Clarín'.
El magistrado asegura en su resolución que los hermanos Menem tuvieron una “determinante incidencia” en el proceso que dirigía Galeano, con lo que da la razón a los demandantes: la AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelíes Argentinas (DAIA) y varios familiares de víctimas.
¿MÁS IMPLICADOS?
La investigación apunta que, antes del 31 de julio de 1994, trece días después del atentado, existía en el expediente “un marco probatorio” que acreditaba allanamientos y pinchazos telefónicos a la familia del comerciante de origen sirio Alberto Kanoore Edul. Estas escuchas revelaron supuestamente que Kanoore Edul tenía relación con Carlos Telleldín, quien fue detenido tras comprobarse que condujo la camioneta utilizada como coche-bomba.
El fiscal al cargo del caso, Alberto Nisman, ha denunciado un plan “deliberadamente ideado” para proteger al comerciante, quien podía incluso haber planificado el atentado junto al ex agregado cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires Moshen Rabbani.
Lijo señaló en su informe que en el momento de efectuar los allanamientos llegó una “contraorden que determinó la necesidad de incumplir dichas medidas”. El objetivo, agregó, era “proteger a la familia Kanoore Edul y obstaculizar el descubrimiento de prueba relevante para la imputación de miembros de esta familia”.
“Tales maniobras redundaron en un evidente entorpecimiento de la investigación, en particular, en una de las hipótesis más relevantes que se relacionaba con la corroboración de la participación de una conexión internacional en el atentado a la AMIA. Entorpecimiento, que se mantuvo a lo largo de los años”, relató el magistrado.
