Tres años de cárcel para los acusados de expoliar los fondos públicos del Ayuntamiento de San Bartolomé
Los tres acusados por el expolio de fondos públicos que sufrió el Ayuntamiento de San Bartolomé, en Lanzarote, hace 15 años se han declarado este lunes culpables de malversación y prevaricación ante la Audiencia de Las Palmas y han aceptado condenas de tres años de cárcel para cada uno.
En la causa estaban procesados el exinterventor del Consistorio Carlos Sáenz -un funcionario ya condenado por hechos similares relativos a los ayuntamientos de Arrecife (Lanzarote) y La Oliva (Fuerteventura)-, el empresario José Daniel Hernández y el exconcejal de servicios públicos Pedro Reyes, del PP.
Sáenz, Hernández y la empresa de este último, Proyectos y Servicios de Lanzarote (Proselan), tendrán también que hacer frente a la responsabilidad civil, hasta satisfacer más de 81.000 euros.
El primero en reconocer los hechos ante el tribunal fue el exinterventor Carlos Sáenz, quien se encuentra actualmente cumpliendo condena en el centro penitenciario de Tahíche por varias causas de corrupción.
El empresario José Daniel Hernández Arráez, que también está en prisión por el caso Proselan en el Ayuntamiento de Arrecife, también se conformó con la pena, lo mismo que hizo finalmente el exconcejal Pedro Reyes.
El Ministerio Fiscal, que describe su conducta como “una arbitraria expoliación” de fondos públicos, se opone a que se suspenda la pena privativa de libertad ahora impuesta para Sáenz y Hernández, al tener antecedentes, pero no para Reyes, que carece de ellos y que por tanto no entrará en prisión.
En su escrito de cargos, la Fiscalía acusaba a los tres procesados de malversar casi 600.000 euros del Ayuntamiento de San Bartolomé entre los años 2004 y 2007 y pedía para cada uno de ellos penas de cinco años y medio a seis años de prisión por la realización de contrataciones irregulares con la empresa de Hernández, Proselan.
Según la acusación pública, de los 36 expedientes que se adjudicaron a esa empresa sin que existiera contrato, al menos en ocho ni siquiera se hizo la obra ni se prestó servicio alguno.
Además de las condenas de prisión y de la indemnización por responsabilidad civil, a Carlos Sáenz y a José Daniel Hernández se les ha impuesto la pena de inhabilitación durante un periodo de cinco años y al exconcejal del PP, Pedro Reyes, de cuatro.
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