La delimitación de las zonas protegidas del volcán Tajogaite recibe 51 alegaciones

El proyecto de ley de ampliación del ámbito del Parque Natural de Cumbre Vieja, que abarcará la protección del cono volcánico del Tajogaite, así como los dos deltas lávicos generados por la erupción de 2021, ha recibido 51 alegaciones.

El dato lo ha aportado en comisión parlamentaria el consejero de Política Territorial Manuel Miranda, quien ha indicado que cada una de estas alegaciones será respondida de forma individual y que el siguiente paso será recabar el informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma antes de llevarlo al Consejo de Gobierno.

La previsión de Miranda es que el documento, una vez pase por el Consejo Consultivo, sea remitido al Parlamento de Canarias antes de que finalice el presente año, según ha detallado a preguntas de la diputada socialista Alicia Vanoostende, quien considera este plazo “muy optimista”.

El consejero ha recalcado que el expediente está “muy avanzado” si bien ha reconocido que éste es “un trabajo que no está siendo fácil”, ya que se busca un equilibrio entre la protección del medio y paisajística y satisfacer las necesidades de las personas que perdieron sus viviendas y explotaciones agrícolas.

“No estamos improvisando, sino que trabajamos con rigor científico, apoyados en criterios técnicos y territoriales”, en coordinación con el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos del Valle de Aridane, que “tienen mucho que decir”.

Alicia Vanoostende (PSOE) ha hecho hincapié en que el periodo de exposición pública culminó hace 40 días y ha expresado su preocupación porque la delimitación de estos espacios protegidos se siga dilatando en el tiempo.

Y es que ha anotado que una vez se apruebe la ley, luego el Cabildo de La Palma tendrá que modificar el plan rector del Parque Natural de Cumbre Vieja, que data de 2001 y es “bastante restrictivo”.

Vanoostende ha insistido en que han pasado cinco años desde la erupción del Tajogaite pero para los vecinos de esas zonas el tiempo “está detenido” y “no tienen certezas de nada”.

La diputada socialista ha reclamado al Gobierno de Canarias que pague compensaciones a los dueños de parcelas protegidas y ha preguntado a Miranda si la reconstrucción de la LP-2 se puede ver afectada por la delimitación de áreas de protección vinculadas a la erupción.

Manuel Miranda ha contestado que, hasta donde sabe, las obras de la LP2 están habilitadas independientemente de la delimitación de esos espacios.

En la misma comisión parlamentaria, el consejero ha avanzado que, previsiblemente, el próximo mes entrará en el Parlamento la actualización de la Ley de Suelo vigente desde 2017.

Lo ha hecho a instancias del diputado socialista Rafael Nogales, quien ha criticado que han pasado “casi tres años” de “titulares y declaraciones incumplidas” desde que se anunciara dicha actualización de la norma, mientras los ayuntamientos están padeciendo “mucha inseguridad jurídica”.

Nogales ha hecho hincapié en que desde el anuncio de dicha actualización el Gobierno de Canarias ha aprobado cuatro decretos por la vía de urgencia “pellizcando la ley vigente”, en algunos casos con informes en contra del Consejo Consultivo.

Ha lamentado que Canarias no cuente con una “hoja de ruta clara en materia territorial y urbanística” y se ha preguntado “qué modelo de crecimiento territorial defiende el Gobierno” regional de CC y PP.

El consejero ha lanzado “un mensaje de tranquilidad” a los ayuntamientos en cuanto a que los decretos “no generan inseguridad jurídica” sino lo contrario: “buscan soluciones inmediatas a problemas reales” que plantean en la mayoría de los casos las corporaciones locales.

Esos decretos, ha ahondado, incluyen medidas que estarán recogidas en la ley, y que pasan por la simplificación de procedimientos, reducción de cargas, mejoras de planeamientos y facilitar la compatibilidad entre territorio y actividad económica.

En cuanto al modelo que preconiza el actual ejecutivo, ha dicho que está reflejado en la Ley del suelo de 2017, que es “ambiciosa”, pero que hay que actualizar porque “la realidad social cambia y la jurisprudencia evoluciona”.

Ese trabajo, ha defendido Miranda, lo están haciendo “sin prisa y de forma dialogada”, aunque “no con la celeridad que nos habría gustado”, ha admitido.