El Gobierno bloquea la exención fiscal a los carburantes en las ‘islas verdes’ y analiza si hay "abusos" de los operadores

Dispensadores de carburante en una gasolinera.

Europa Press

Santa Cuz de Tenerife —

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La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, ha mantenido este lunes el rechazo del Ejecutivo a impulsar exenciones fiscales o bajadas de impuestos para tratar de abaratar el coste del carburante en las islas verdes y aboga por evitar los "abusos" de los operadores del mercado.

En una comparecencia en comisión parlamentaria a solicitud del Grupo Mixto, la consejera ha detallado que la situación "no es nueva" pero se ha acelerado desde 2012 cuando la entrada de nuevas empresas en las islas capitalinas aumentó el diferencial de precios.

Máñez, que se ha amparado en el estudio de Juan Luis Jiménez, profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) que apunta hacia la falta de competencia como clave del problema, ha defendido que las bajadas de impuestos no repercuten en el precio final y sí en el "margen de beneficio" de las compañías.

Así, ha comentado que el Gobierno toma decisiones por "evidencia científica" y no en base a "intuiciones" y por ello, han solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la apertura de un expediente de investigación donde se aclare si hay abuso de posición dominante.

Ha apuntado que las islas de La Gomera y El Hierro ya aplican exenciones fiscales y eso no ha implicado un descenso de los precios.

Para Máñez, "la falta de competencia es evidente pero hay que determinar si hay abuso, y el Gobierno actúa con las herramientas que tienen en su mano".

El Ejecutivo está “vigilante”

Así, ha apuntado que la CNMC está recabando información sobre aprovisionamiento de las empresas, datos de venta y precios y si se confirma que hay una infracción grave, las empresas se enfrentan a sanciones de hasta un 10% de su volumen anual de negocio.

Máñez ha comentado que el Gobierno canario sigue "vigilante" para evitar uniones de mercado que perjudiquen la competencia y reclama "transparencia" en los precios, y recordado que las ayudas al transporte incluidas en los presupuestos de 2020 eran incompatibles con ayudas de Estado.

Ricardo Fernández (Cs) ha achacado la situación a los problemas de almacenamiento de los carburantes y el sobrecoste del transporte a las islas periféricas, dado que en La Palma hay hasta siete operadores y también hay altos precios.

No ha obviado que el crudo viene creciendo desde que arrancó el año y que las islas verdes están estancadas desde el punto de vista demográfico, y por ello, ha reclamado una financiación especial para estos territorios.

Fernández ha pedido al Ejecutivo que busque soluciones técnicas para abaratar los precios y que no haya "islas de primera y de segunda".

Jesús Ramos (ASG) se ha quejado de que en La Gomera se pagan hasta 0,40 céntimos por litro más que en Tenerife pero ha pedido "dejar trabajar" al Gobierno y en colaboración con los cabildos y abandonar la "lucha política" y los "debates estériles" en torno al alto coste de los combustibles.

Ha valorado la denuncia del Gobierno ante la CNMC porque las islas verdes sufren un "abuso" y un "monopolio" y advertido de que el sobrecoste en los carburantes "lastra" la economía de las islas.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha dicho que hay un "monopolio" en las islas verdes derivado de la Canarias "que se ha construido" en las últimas décadas, subrayando que si hay competencia los precios se reducen.

Ha comentado que las subvenciones no sirven para bajar precios debido a la falta de competencia y ha valorado que al menos en Canarias se mantengan aún muchos puestos de trabajo en el sector de las estaciones de servicio y el ámbito low cost sea limitado.

Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que la situación es "compleja y difícil" porque la diferencia de precios no empezó hace dos años, subrayando que el factor determinante no es el volumen del mercado sino de los monopolios.

"La fiscalidad no es la solución", ha agregado, más bien es que surja la competencia, si bien es "difícil" muchas veces penetrar en algunos mercados, de ahí que haya pedido impulso político para generar las condiciones adecuadas.

Carlos Ester, del Grupo Popular, ha comentado que el Parlamento lleva diez años debatiendo este asunto "y no es de recibo" que no se haya solucionado la diferencia de precios, indicado que la bajada de impuestos se trasladaría de forma "inmediata" al coste final, que puede alcanzar lasta los 20 euros por persona y depósito.

Ha comentado que el planeamiento urbanístico impide muchas veces la llegada de competencia y no entiende como la semana pasada se rechazó una PNL para tratar de buscar una solución que "afecta a los bolsillos de los ciudadanos". "Estamos generando islas de primera y de segunda", ha agregado.

Narvay Quintero, del Grupo Nacionalista, ha dicho que al Ejecutivo le compete buscar soluciones ante una situación "compleja", subrayando que aunque las ayudas públicas no siempre repercuten en el precio final, el Gobierno central sí incrementó hasta el 75% el descuento para los vuelos de residentes.

Ha apuntado que el mayor coste del combustible en El Hierro y La Gomera depende del almacenamiento y está avalado por la CNMC, alertando de que no hay volumen de negocio en esas islas, lo que impide también la apertura de nuevas gasolineras.

Quintero ha dicho que la única medida para abaratar los precios de inmediato es eliminar la fiscalidad.

Iñaki Lavandera, del Grupo Socialista, ha dicho que "no es un problema nuevo" ni el Gobierno de Canarias "ha mirado para otro lado", pero hay un abuso de posición dominante y falta de competencia que implica el aumento de los precios.

Ha dicho que la bajada fiscal no es una solución y espera que poco a poco haya cambios en los patrones de movilidad dado que la demanda en mercados pequeños cada vez va a ser menor.

La semana pasada el Parlamento de Canarias ya rechazó una PNL, con los votos en contra de los grupos del cuatripartito, en la que se solicitaba aplicar una exención en el impuesto autonómico sobre combustibles derivados del petróleo en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

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