Paulino Rivero entrega a 33 granjas el certificado de legalización

El jefe del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Juan Ramón Hernández, y la titular del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, han presidido este jueves la entrega de certificados de legalización de 33 explotaciones ganaderas, que se han acogido al proceso de regularización contemplado en la Ley de Medidas Urgentes.

En el acto estuvieron acompañados por el Director general de Ganadería del Ejecutivo regional, Juan Pedro Dávila, y el consejero del Área de la Corporación Insular, César Martín.

De este proceso ya se han beneficiado 264 instalaciones en todas las islas -65 en Tenerife, 54 en Gran Canaria, 54 en Lanzarote, 53 en Fuerteventura, 33 en La Palma, 3 en El Hierro y 2 en La Gomera-. El número de solicitudes de regulación recibidas por el Gobierno regional es de 968 en todo el Archipiélago-un centenar de La Palma-. De éstas, 716 están actualmente en diferentes fases de estudio y tramitación, y de ellas 79 corresponden a explotaciones de la isla.

La Ley 6/2009 de Medidas Urgentes, aprobada por el Parlamento de Canarias en abril de 2009, permite la legalización urbanística de las explotaciones ganaderas de las Islas en situación alegal, que cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de seguridad jurídica, sanitaria y ambiental, posibilitando así su acceso a las ayudas destinadas al fomento de dichas instalaciones.

Numerosas instalaciones que hoy constituyen grandes explotaciones de ganado han surgido de forma más o menos espontánea, muchas veces como procesos de reconversión funcional a partir de actividades tradicionales, que en la actualidad se encuentran en una indeseable situación de irregularidad. Por otra parte, el rápido proceso de crecimiento del sector ha entrado en conflicto, en ocasiones, con las necesarias políticas de ordenación y protección del suelo y del medio ambiente.

Existen dos procedimientos para la regularización de explotaciones ganaderas alegales: uno, el que se tramita a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, válido para las explotaciones anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias y otro para las posteriores, que se tramitan mediante calificación territorial normal, con la única salvedad de que se les aplicará la Ley de Medidas Urgentes en función de la categoría de suelo en que estén emplazadas.

La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha encomendado a la empresa pública GESPLAN la gestión de las primeras, ya que las calificaciones territoriales son competencia de los Cabildos insulares.

La autorización de la legalización es un proceso riguroso, exhaustivo y multidisciplinar que se realiza caso a caso, mediante acuerdo del Ejecutivo canario, a propuesta de la Consejería competente en Ganadería, previo expediente elaborado al efecto. Tras la elaboración del preceptivo informe por parte de GESPLAN, donde se analiza, el régimen urbanístico del suelo, las condiciones ambientales, y el cumplimiento o no de los requisitos sectoriales de sanidad y bienestar animal, el expediente es sometido a información pública y a informe del Ayuntamiento y Cabildo. Posteriormente se eleva al Consejo de Gobierno. La regularización permitirá mejorar la calidad y competitividad del sector, así como el acceso de las explotaciones regularizadas a diversos programas de ayudas europeos.

Los actos que autorizan la legalización consignan los requisitos sanitarios, ambientales, y estéticos mínimos que deben cumplir cada una de las edificaciones, así como los plazos de adaptación para que se lleven a cabo las obras necesarias para cumplir con los requisitos ambientales y de sanidad y bienestar animal, establecidos por normativa comunitaria. En caso de incumplimiento en el plazo previsto, la regularización quedaría sin efecto.

El procedimiento de legalización de las explotaciones ganaderas es realizado por un equipo de técnicos formado, entre otros, por juristas, arquitectos, y veterinarios, garantizando así la adecuada cobertura y tratamiento de todos los aspectos que confluyen en el proceso.