El PSOE busca “el amparo del Parlamento” frente a “la política obstruccionista” del Gobierno canario con las ayudas a los afectados por el Tajogaite

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá este martes 9 de junio en el Pleno del Parlamento de Canarias una propuesta de resolución para “reafirmar el derecho de los diputados y diputadas a acceder a la información necesaria para ejercer su labor de control sobre el Gobierno y exigir la entrega inmediata del listado de beneficiarios de las ayudas destinadas a compensar las pérdidas ocasionadas por la erupción del volcán Tajogaite”, informa en nota de prensa.

La iniciativa llega después de que la Mesa del Parlamento de Canarias acordara por unanimidad respaldar la petición de la diputada socialista Alicia Vanoostende y requiriera al Gobierno la remisión de la documentación solicitada, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos de la Cámara.

El informe jurídico elaborado por los servicios de la Cámara concluye que “la negativa del Ejecutivo a entregar directamente la documentación carece de fundamento jurídico suficiente” y recuerda que el derecho de los diputados a obtener información del Gobierno forma parte de las garantías necesarias para el ejercicio de sus funciones de representación y control.

Para el Grupo Socialista, lo que se debatirá en el Pleno trasciende “una solicitud concreta de documentación y afecta directamente a la calidad democrática de las instituciones y al respeto que el Gobierno debe mostrar hacia el Parlamento”.

“El control parlamentario no es una concesión del Gobierno. Es una obligación democrática y un derecho de los representantes públicos para poder fiscalizar la acción del Ejecutivo en nombre de la ciudadanía”, señalan los socialistas.

La propuesta de resolución plantea, en primer lugar, que el Parlamento rechace cualquier actuación del Gobierno que dificulte el trabajo de control político que corresponde a los diputados y diputadas. Asimismo, respalda expresamente el acuerdo adoptado por unanimidad por la Mesa de la Cámara y reclama que el Gobierno entregue la información solicitada en un plazo improrrogable de un día.

Desde el Grupo Socialista consideran “especialmente grave que esta situación se haya producido precisamente desde la Consejería de Presidencia, departamento responsable de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento y encargado de velar por la transparencia institucional”.

Los socialistas recuerdan que “el Ejecutivo no solo se negó a remitir la documentación solicitada, sino que intentó imponer unilateralmente las condiciones de acceso a la misma, una decisión que ha sido rechazada tanto por los servicios jurídicos como por la propia Mesa del Parlamento”.

El debate del martes 9 de junio “obligará a todos los grupos parlamentarios a fijar una posición clara sobre esta cuestión. Cada formación tendrá que pronunciarse sobre si respalda el derecho de los diputados y diputadas a acceder a la información necesaria para ejercer su función de control o si considera aceptable que el Gobierno ponga obstáculos al trabajo de fiscalización que corresponde al Parlamento”.

“Lo que está en juego no es solo la entrega de un documento. Está en juego el respeto al Parlamento, a los derechos de sus miembros y a la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía. La transparencia y el control democrático no pueden depender de la voluntad del Gobierno de turno”, concluyen desde el Grupo Parlamentario Socialista.