“No queremos caridad, sino derechos para atender a las personas con problemas de salud mental”

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes, se reunieron con la tesorera y la trabajadora social de la Federación de Salud Mental La Palma, María de la Paz Magdalena Pérez y Yolanda Betencourt, y por vía telemática con la vicepresidenta de la Asociación, Ana Julia Concepción. También estuvo presente en la reunión Eugenia Paiz, una madre afectada por la situación, se informa en nota de prensa.

Los motivos de este encuentro se centraron en el desacuerdo por parte la entidad sobre algunos de los apartados del “proyecto de bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones, instituciones y entidades sin ánimo de lucro que realicen proyectos de carácter social” del Cabildo Insular de La Palma

Salud Mental aseguró que se ha visto obligada a poner unas segundas alegaciones al documento, al no haber sido tenidas en cuenta ninguna de las propuestas planteadas en primera instancia para la modificación de algunos aspectos de estas bases.

La Asociación solicitó que, en este escrito, que aún no está aprobado, se especifique la aportación de documentación que demuestre la capacidad técnica y de gestión de las entidades, así como las certificaciones que garanticen el desarrollo de sus actividades y servicios de manera real y efectiva en el ámbito de la isla de La Palma. Aspectos, entre otros, que no aparecen recogidos en las bases

En cuanto a los gastos subvencionables, Salud Mental considera necesario especificar que los gastos del local donde se desarrolla el proyecto subvencionado, los suministros de electricidad, agua, pago de sede social y los gastos de mantenimientos entren dentro de este apartado.

Con especial interés, la Asociación pidió que se incluyan a las personas con problemas de salud mental como destinatarios de estos proyectos, ya que el colectivo con discapacidad psicosocial no aparece recogido en estas bases, considerando, por tanto, el concepto de “discapacidad intelectual” como un poco inclusivo.

De igual forma, pusieron énfasis en el plazo máximo de resolución, notificación y régimen de recurso, para cuya resolución solicitan que no se exceda del mes en vez de los seis meses reflejados en las bases; y que las transferencias se realicen en los primeros seis meses del ejercicio en vez de “antes del 31 de diciembre del año en curso” tal y como aparece regulado en el documento.

Afirmaron que “en estas bases se introducen condicionantes que excluyen a la mitad del tejido asociativo de La Palma” y denunciaron que “las grandes entidades tienen presupuesto suficiente para afrontar los proyectos sin necesidad de adelantos de presupuesto, pero las pequeñas asociaciones no podemos hacerlo”.

La entidad trasladó a Yanes su preocupación ante la “falta de disposiciones legales en la isla y, por tanto, el vacío de transparencia que existe al respecto”

El Diputado del Común se pondrá en contacto con la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de La Palma para tener conocimiento sobre la redacción y futura aprobación de estas bases, y la inclusión de las alegaciones presentadas por la Asociación.