Tierra Bonita lamenta que las dos universidades canarias y el CSIC se personen en los tribunales en contra de dar a los afectados del volcán las actas y grabaciones del Pevolca

La Asociación Tierra Bonita expresa su “profunda decepción” con las dos universidades públicas de Canarias y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por “posicionarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en contra de que se hagan públicas las actas y grabaciones de las reuniones del Comité Científico y del Comité de Dirección del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico en Canarias (Pevolca) celebradas en los días y horas anteriores a la erupción del Tajogaite”, informa en nota de prensa.

“Tanto la Universidad de La Laguna (ULL) como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el CSIC, instituciones financiadas con fondos públicos, se han personado en el recurso contencioso-administrativo que en 2025 presentó Tierra Bonita contra la negativa del Gobierno de Canarias a facilitar esta documentación, procedimiento que está pendiente que se dicte sentencia”, asegura.

La asociación expresa su “perplejidad” porque “estas instituciones académicas y científicas, que deberían promover la transparencia, se hayan alineado con el Gobierno canario para que los damnificados por la catástrofe volcánica de 2021 y, en general, toda la sociedad tengan vetado conocer cuáles fueron los criterios expuestos por sus respectivos expertos en el seno del Comité Científico del Pevolca”.

Por todo ello, Tierra Bonita se pregunta “qué tienen que esconder ambas universidades y el CSIC para enfrentarse en los tribunales de justicia a los afectados por el volcán Tajogaite en su reclamación para esclarecer aspectos relevantes de la gestión de la emergencia. Cabe recordar que representantes del IPNA (Instituto de Productos Naturales y Agrobiología) y el IGME (Instituto Geológico y Minero de España), que participaron en las deliberaciones del Comité Científico en La Palma, forman parte de la estructura del CSIC”.

Entre las cuestiones que la asociación reclama esclarecer figura “por qué no se declaró antes de la erupción la situación de alerta máxima, correspondiente al semáforo naranja del Pevolca, y, por tanto, por qué no se procedió a una evacuación preventiva de la población, pese a los indicios que apuntaban a la inminencia de la erupción”.

Tierra Bonita recuerda, además, que “algunos miembros del Comité Científico pertenecientes a varias instituciones científicas afirmaron públicamente, después de comenzar la erupción, que habían advertido de su inminencia”.

La asociación también quiere saber “por qué no se informó a la población de la migración del magma hacia el norte del Valle de Aridane y, en consecuencia, de las coordenadas de la zona donde existía una mayor probabilidad de apertura de una boca eruptiva, información de la que disponía el Comité Científico pero que no llegó a la población”.

La iniciativa de promover este litigio cuenta, además, con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, la Asociación de Vecinos de La Laguna, la Asociación de Vecinos de Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano y Unidad Protección Animal (UPA) La Palma. Estos colectivos expresaron públicamente su respaldo a Tierra Bonita mediante una nota conjunta difundida en su momento.

Para la asociación promotora de este recurso judicial, “la actitud de ambas universidades en este caso contrasta con los valores que estas instituciones proclaman”.

“Así, la ULL señala en su web entre sus funciones ‘contribuir a la creación y desarrollo del conocimiento a través de la investigación, la discusión, la reflexión y la crítica; difundir el conocimiento y facilitar el acceso a su acervo; fomentar la defensa de la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia y espíritu crítico”, dice.

“En el caso de la ULPGC, proclama entre sus objetivos ‘formar a personas competentes, cultas, responsables y solidarias’ y ‘generar, aplicar y difundir conocimiento’; planteando una visión ‘que contribuye a la solución de los problemas sociales’, a la vez que asume entre sus valores ‘el compromiso con la sociedad que la financia y sostiene; la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas; y el impulso de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en su entorno geográfico y cultural”.

A juicio de Tierra Bonita, “estos compromisos tan biensonantes de las dos universidades públicas canarias se han diluido cuando se trata de transparentar la gestión de la emergencia volcánica de 2021”.

La asociación considera aún más “decepcionante la posición mantenida por el CSIC en el procedimiento judicial porque ha llegado incluso a plantear que el recurso no fuera admitido por cuestiones meramente formales”, apunta.

Tierra Bonita señala que, frente a lo defendido por el Gobierno de Canarias y las instituciones que se han adherido a su posición, “no basta con conocer el informe de consenso que publicaba el Comité Científico después de sus reuniones durante los días y horas anteriores a la erupción”.

Desde su perspectiva, “la sociedad tiene derecho a conocer cuál fue el planteamiento de cada uno de los expertos que, en representación de sus respectivas instituciones científicas y valiéndose de medios pagados por todos los contribuyentes, participaron en un órgano que tuvo un papel determinante en la evaluación de la emergencia”.

La asociación afirma que, “mientras las administraciones e instituciones implicadas buscan argumentos legales para oponerse a la divulgación de las actas y grabaciones, han obviado que ninguna ley ni jurisprudencia impide a los miembros del Comité Científico y del Comité Director acordar, motu proprio, que se divulguen las actas y grabaciones ante esta demanda de los afectados del volcán para demostrar que todo se hizo bien y no hay nada que ocultar”.

“Pero políticos y científicos han optado por lo contrario, se han enrocado en el oscurantismo, y, con ello, han alimentado cada día más las suspicacias de los damnificados”, asevera Tierra Bonita.

A la asociación también le sorprende que el CSIC, a través de su representante legal en este litigio, argumente que “dar publicidad a las intervenciones individuales del Comité Científico supondría poner a sus miembros ‘bajo la presión’ social”. Al respecto, Tierra Bonita insiste en que “han sido integrantes del propio Comité Científico quienes, después de la erupción, han contrariado los propios informes de consenso publicados por este órgano al afirmar de manera pública que habían advertido con antelación de que el proceso eruptivo era ‘inminente’ y que habían predicho con éxito la zona donde se produciría la erupción”.

“¿Cómo es posible que, ante una catástrofe de esta magnitud, el informe del Comité diga una cosa y sus miembros digan otra posteriormente?¿Cuál de las dos versiones es la verdadera? ¿Por qué se niega a los damnificados el derecho a clarificarlo?”, concluye Tierra Bonita.