Varios centenares de personas se manifiestan contra la inmigración irregular en Canarias entre bulos e insultos a Sánchez

Varios centenares de personas se han manifestado este sábado por las calles de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria contra la inmigración irregular, y en el caso de la capital tinerfeña han insultado y pedido la detención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La convocatoria de la manifestación ha estado rodeada de polémica durante la semana después de que un grupo de 40 abogados y 60 organizaciones sociales pidieran su paralización al considerar que podía incurrir en un “delito de odio” por “incitar a la hostilidad y la discriminación”, una medida que fue descartada por la Fiscalía.

En Santa Cruz de Tenerife uno de los cabecillas afirmó a los medios que “lo que se tiene que impulsar es que los canarios tengan hijos y se dé ayuda, y no solo eso, que se impulse que los canarios también tengamos casas de protección oficial baratas para los canarios, porque se está diciendo que se necesita mucho inmigrante, pero en Canarias estamos saturados”. Precisamente este viernes en una comisión en el Parlamento regional se preguntó a la consejera de Hacienda sobre el crecimiento poblacional en las Islas y esta detalló que el 70% de los nuevos residentes en las islas son peninsulares, un 6% inmigrantes europeos y otro 23%, del resto del mundo, siendo la nacionalidad más abundante la italiana.

La protesta, sin embargo, se ha dirigido exclusivamente contra las personas que alcanzan las islas en pateras o cayucos.

La marcha, que concentró a unas 500 personas en Santa Cruz, comenzó frente a la subdelegación del Gobierno en Tenerife, donde se leyó un manifiesto en el que se solicitó: “El refuerzo de la seguridad fronteriza, emplear tecnología avanzada para detectar embarcaciones sospechosas, establecer acuerdos con los países de origen para la repatriación inminente de inmigrantes ilegales o la creación de centros de internamientos rápidos”.

A continuación se ha dirigido a la calle del Pilar con proclamas como “Pedro Sánchez, hijo de puta”, “primero los canarios”, “stop narco lanchas pateras” o “no somos racistas somos realistas”, hasta llegar a la plaza de la Candelaria. Precisamente la vinculación de la inmigración irregular con la delincuencia es uno de los bulos más repetidos por la ultraderecha, y que queda desmentido por los datos oficiales de criminalidad.

Bulos más repetidos contra la inmigración

Otro de los bulos más repetidos es que los inmigrantes “suponen una carga para España y tienen más ventajas sociales”, lo que no es cierto, según se puede observar en los datos del informe de rentas mínimas de inserción 2021-2023, ayudas que se otorgan a personas en riesgo de exclusión social: de los 305.340 titulares, solo el 26,1% tenía nacionalidad extranjera.

Estas prestaciones autonómicas exigen a los inmigrantes, entre otros requisitos, que estén en situación de residencia regular, a excepción del País Vasco. Por tanto, si fuera cierto que la población migrante quiere vivir de paguitas, el País Vasco debería ser una de las comunidades que más población extranjera atrajeran y es, sin embargo, una de las siete que menor porcentaje presenta. Así de contundente lo expresaba esta misma semana el informe del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, órgano formado por instituciones públicas, asociaciones de migrantes y entidades sociales que trabajan por su integración.

El documento también relataba que frente a lo que muchos piensan, la inserción laboral de las personas migrantes, “lejos de suponer una competencia” para la población autóctona, es complementaria a ella y está concentrada en ciertas ocupaciones menos remuneradas. Es decir, los inmigrantes que trabajan lo hacen, en su mayoría, en ocupaciones elementales, como empleadas del hogar o peones de construcción, con un salario un 39% menor a la media.

Según los datos del último trimestre de 2023, se encontraban en este grupo el 9% de las personas de nacionalidad española frente al 26,1% de las personas extranjeras y el 22% de las que tienen doble nacionalidad.

Escasa afluencia en Gran Canaria

En la capital grancanaria, donde la convocatoria reunió a unas 300 personas, el portavoz de la federación de Asociaciones Vecinales de Las Palmas de Gran Canaria, Iván González, ha asegurado que se ha roto la equidad y no se atienden muchas necesidades de los canarios, y ha añadido que hay que buscar una solución para que Canarias no se convierta en la Lampedusa del Atlántico y el mar en un cementerio.

Los canarios “tenemos que defender nuestra tierra. La manifestación no va contra nadie, solo contra la pésima gestión que se está haciendo en inmigración [solo la que llega en patera] y que desborda a Canarias”, ha subrayado. Sin embargo, en los carteles de la convocatoria aparecían imágenes de inmigrantes subsaharianos en un cayuco.

Y ha añadido que Canarias en inmigración irregular también tiene un límite, intentado hacer suyo el eslogan de las multitudinarias marchas del 20A contra el modelo de desarrollo de las Islas y que en nada tenían que ver con el fenómeno migratorio procedente de África, sino, en todo caso con el aumento descontrolado de la población, que no puede achacarse a la inmigración llegada en patera, sino a la procedente de Europa y, sobre todo, América del Sur. Cabe recordar que más del 80% de los inmigrantes mayores de edad que alcanzan Canarias en pateras o cayucos abandona las Islas poco después, ya que son derivados por el Gobierno central a la Península y la mayoría de ellos prosigue su viaje hacia otros países europeos, principalmente Francia.

Contramanifestación en La Laguna

A la misma, en La Laguna, decenas de personas se concentraron en la plaza de La Concepción para protestar contra el racismo y los discursos de odio. Entre las consignas de esta convocatoria destacaron que “¡Ningún ser humano es ilegal” y que “el capital internacional devasta África para luego criminalizar al inmigrante pobre”. También hubo gritos en contra del genocidio de Israel en Gaza y contra el belicismo.

Reparto de menores migrantes

Los inmigrantes irregulares adultos llegados a Canarias son derivados a la Península por el Gobierno central, que los distribuye por centros de su competencia. Los menores de edad, niños y adolescentes, que llegaron sin familiares, sin embargo, son competencia de la comunidad autónoma, es decir, del Gobierno de Canarias en este caso.

Sin embargo, el Ejecutivo regional ha acordado con el central modificar la Ley de Extranjería para que también los menores sean repartidos entre las comunidades autónomas y no recaiga el peso solo en aquella que los recibe. Hasta ahora ese reparto depende de la solidaridad de cada gobierno autonómico y ha demostrado ser un fracaso, ya que la mayoría de las regiones evita hacerlo.

Pese a que la petición partió del Gobierno de Canarias, del que el PP forma parte, este partido no ha respaldado la modificación de la Ley y, de hecho, ha dejado en manos de sus barones la decisión, sin dar una instrucción desde Génova. En los últimos días, el propio Alberto Núñez Feijóo alentó algunos de los bulos más repetidos contra los inmigrantes, concretamente contra los menores, y la guinda la puso el portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, cuando pidió que la Armada interviniese contra los inmigrantes irregulares. Logró así centrar el foco en esa ocurrencia (ya aclarada en diversas ocasiones por la propia Armada, cuya función sería, en todo caso, socorrer a las pateras y cayucos en caso de encontrarlas en apuros) y desviarlo de las reticencias de las comunidades del PP a acoger a los menores.

Este giro del PP nacional deja ahora en entredicho la posición del propio PP de Canarias y pone en la cuerda floja el compromiso del presidente canario, Fernando Clavijo (CC), de sacar adelante la reforma legislativa con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto, Vox. Mientras en el Parlamento de Canarias todos los grupos cerraron filas a favor de la reforma de la Ley para derivar a los menores hacia otras comunidades autónomas, Vox también votó en contra.