El Gobierno central busca sedes para construir nuevos centros de acogida para refugiados

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sigue buscando ubicaciones para construir los nuevos centros para refugiados, siete de ellos en Canarias, con los que quiere ampliar en 5.700 las plazas propias de acogida después de haberse topado con las reticencias de algunos gobiernos municipales y autonómicos.

Con la construcción de nuevos centros o la adaptación de instalaciones ya existentes, el proyecto, financiado con 231 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, busca reforzar el sistema español de acogida de atención humanitaria y de protección internacional y ampliar las 400 plazas gestionadas hasta ahora por la propia administración entre finales de 2024 y principios de 2025.

El departamento de José Luis Escrivá tiene previsto poner en marcha entre 17 y 20 dispositivos con centros de primeras llegadas (CPLL), siete en Canarias y dos en la península, y centros de acogida de protección internacional (CAPI).

Desde que en octubre del año pasado se anunciara el proyecto, el ministro ha estado viajando y firmando protocolos con las ciudades y municipios donde se van a crear o adaptar instalaciones, de modo que ya está comprometida la construcción de siete centros para refugiados: en Mérida (Badajoz), Soria, Villablino (León), Azuqueca de Henares (Guadalajara), Tárrega (Lleida), Castro de Rei (Lugo) y Vitoria; y uno de primeras llegadas en Alcoleja (Alicante).

Cantabria, Logroño y Valladolid frenan los centros

Con los ayuntamientos de Logroño y Valladolid y con el Gobierno de Cantabria se habían alcanzado también compromisos de apertura de centros de acogida, si bien, con el nuevo mapa que salió de las urnas el 28M, estas tres nuevas corporaciones, en manos del PP, han paralizado los acuerdos pactados por los anteriores equipos.

En concreto, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha rechazado abrir un dispositivo en las instalaciones del psiquiátrico de Parayas (Camargo) porque prefiere destinarlo a la atención de mayores y dependientes, en tanto que el Ayuntamiento de Logroño está pendiente de reunirse con Migraciones este mes de septiembre tras rehusar su alcalde, Conrado Escobar, la construcción del nuevo centro.

En Valladolid, donde el anterior equipo municipal -liderado por el socialista Óscar Puente- acordó la cesión gratuita de una parcela, se necesita un acuerdo del pleno para ratificar la cesión definitiva.

Desde Inclusión recuerdan a EFE que España tiene que cumplir con las actuaciones comprometidas en el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para reforzar el sistema de acogida en España con 5.700 nuevas plazas a través de la construcción o de la adaptación de instalaciones para la atención humanitaria de refugiados porque esos fondos son “finalistas y no pueden destinarse a otro fin”.

Por ello, y ante la posibilidad de que finalmente estas administraciones decidan no seguir adelante con los proyectos, el Ministerio continúa buscando y negociando posibles ubicaciones para la construcción de estos recursos.

Mapa de los centros de acogida en construcción

Los centros de acogida de protección internacional, destinados a prestar alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria durante una estancia estimada de 6 meses a un año, cuya construcción siguen adelante son:

- Castro de Rei (Lugo): la Diputación ha cedido por 75 años una parcela de casi 43.000 metros cuadrados, en la que se ubica el antiguo hospital psiquiátrico de San Rafael, actualmente en desuso. El centro tendrá una capacidad para 250 personas.

- Soria: el solar propuesto para su construcción está situado en el barrio de Los Royales y el edificio principal ocupará 7.000 metros cuadrados con una capacidad de 200 plazas.

- Azuqueca de Henares (Guadalajara): el nuevo centro se construirá en 11.000 metros cuadrados de suelo municipal y la capacidad será de entre 200 y 300 plazas.

- Mérida (Badajoz): el albergue juvenil situado en el polígono industrial de El Prado se transformará en un centro permanente de acogida de solicitantes de asilo que ofrecerá unas 300 plazas.

- Tárrega (Lleida): el dispositivo de acogida se construirá en una superficie de 9.200 metros cuadrados en un terreno propiedad de la Sareb, con 200 plazas.

- Vitoria: se construirá en la antigua residencia Arana, actualmente en desuso y propiedad del Estado, con una capacidad para 350 refugiados, una decisión que inicialmente suscitó reticencias del PNV, pero que sigue su curso.

- Villablino (León): el ayuntamiento ha cedido una parcela de más de 10.000 metros cuadrados para el nuevo CAPI que se construirá en la capital de la comarca de Laciana con una capacidad de entre 200 y 300 plazas.

En cuanto a los centros de primeras llegadas, en los que se ofrece una primera acogida provisional para dar servicios y prestaciones sociales básicas durante aproximadamente un mes y medio, sigue adelante la construcción en:

- Alcoleja (Alicante): la antigua base militar situada en la cima de la sierra alicantina de Aitana, con una superficie de 53.000 metros cuadrados en desuso desde hace décadas, será reconvertida en un CPLL con una capacidad para 600 personas.

Centros en Canarias

Fuentes de Inclusión subrayan que en Canarias la idea siempre ha sido tener plazas estables para primeras llegadas, si bien no detallan si los campamentos temporales puestos en marcha dentro del Plan Canarias a finales de 2020 para acoger al elevado número de migrantes que llegaron a las islas van a ser transformados en centros propios.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio, 34.725 personas están en el sistema estatal de acogida de Protección Internacional y Temporal, que dispone de una red de centros y recursos distribuidos por todo el territorio nacional, algunos de titularidad pública, pero muchos gestionados por ONG.

De hecho, solo 436 solicitantes están acogidos en los centros gestionados directamente por Inclusión, en Vallecas y Alcobendas (Madrid), Sevilla y Mislata (Valencia), y el resto son atendidos en pisos y centros por organizaciones sociales con la financiación del Gobierno.