La soledad, el fracaso y el miedo a la deportación merman la salud mental de los menores migrantes llegados a Canarias

Imagen de archivo de un menor rescatado de una patera al sur de Gran Canaria

Alioune –nombre ficticio– fue localizado entre la multitud del puerto de Arguineguín en 2020. Los pediatras del Servicio Canario de Salud lo encontraron en una esquina, en estado de shock y con el reflejo en la mirada de las 16 personas a las que había visto morir en su patera. El estrés postraumático es una de las afecciones que pueden presentar los menores migrantes que llegan a las Islas Canarias por mar. Pero los sanitarios también pueden encontrarse con niños y niñas con hepatitis, paludismo o que presentan signos de haber sufrido la mutilación genital femenina. Este año, para mejorar la asistencia a este colectivo, la Consejería de Sanidad ha lanzado una guía de actuación dirigida a los profesionales de la salud: Recomendaciones para la asistencia del menor de 15 años migrante africano asintomático. Este manual, que no se actualizaba desde 2006, dedica buena parte de su contenido a la salud mental y a los agentes estresores, como el miedo al fracaso, la lucha por sobrevivir e integrarse o la soledad. 

Cuatro migrantes prueban que son menores y esquivan el campamento de Las Raíces tras meses en un centro de adultos

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Aunque los menores tienen una protección especial y no pueden ser expulsados, el miedo a la detención y la deportación aparece entre ellos. En especial, en quienes no cuentan con documentación para probar su edad y son filiados como adultos. Cuando el estrés es múltiple y se cronifica puede aparecer el síndrome de Ulises. Ulises abandonó Ítaca, el mundo que conocía hasta el momento, para participar en la guerra de Troya. Se alejó de su lengua, de su cultura y de sus costumbres para sufrir cientos de adversidades lejos de su familia y de su hogar, y durante su regreso a casa vio morir a muchos de sus amigos en el viaje. Quienes sufren este síndrome ven cómo su duelo migratorio se prolonga en el tiempo y se convierte en extremo. "Es tan problemático que supera las capacidades de adaptación del sujeto", explica la guía. 

Los síntomas de este síndrome “tienen un efecto incapacitante”. La soledad, la falta de una red de apoyo, la lucha por tener comida y una vivienda digna, el miedo por los peligros de la travesía y el temor a ser detenido y expulsado son factores agravantes. Fuentes sanitarias consultadas por esta redacción apuntan que en los últimos meses este síndrome no se ha dado en ningún menor, pero sí en adultos llegados al Archipiélago por vía marítima. 

Esta guía multidisciplinar para la atención inicial a menores migrantes (en período menor o igual a doce meses) "pretende homogeneizar las actuaciones a realizar, evitar pruebas complementarias innecesarias y garantizar el diagnóstico de entidades potencialmente graves”. “El objetivo es garantizar una asistencia sanitaria acorde a sus características especiales y una integración adecuada al Sistema Sanitario", subraya la pediatra de Atención Primaria Mercedes Mateos Durán. La sanitaria recuerda además que este documento favorece la coordinación entre las distintas entidades implicadas en la atención de este colectivo y crear circuitos de información que "faciliten la continuidad de la atención sanitaria de esta población vulnerable". 

Mateos, miembro del Equipo de Intervención de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, defiende que en la Atención Primaria recae la mayor responsabilidad y esfuerzo para la captación de los menores, atendiendo al derecho de todas las personas a acceder al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y universalidad. "La población extranjera conforma un grupo numeroso dentro de nuestra  población, por lo que el personal de salud debe formarse y mantenerse actualizado en los aspectos relacionados con las enfermedades importadas y los riesgos asociados a los viajes internacionales”. 

Liberar la Sanidad de prejuicios 

La nueva guía del Gobierno de Canarias considera que una atención sanitaria marcada por los prejuicios o el racismo también obstaculiza la recuperación y el tratamiento de los pacientes. Así, recoge que los profesionales deben tener además competencias culturales. “El primer paso es identificar y evitar el etnocentrismo, el pensamiento de que la propia cultura es mejor. Eliminar los prejuicios con el fin de entender las distintas culturas", reza el texto. 

El pediatra Martín Castillo, que ha participado junto a decenas de sanitarios de diferentes especialidades en la elaboración de este documento, destaca el carácter integral de este protocolo, que tiene un enfoque multidisciplinar. Además, gran parte de sus recomendaciones están pensadas para atender las particularidades que presentan los niños y niñas que llegan en pateras y cayucos. Para que la atención sea eficiente, el protocolo aconseja la presencia de traductores y mediadores culturales durante las citas. La presencia de trabajadores sociales también será determinante cuando se trate de personas en exclusión, víctimas de maltrato, abusos o mutilación genital. 

La mutilación genital femenina: un delito y no una costumbre

La mutilación genital femenina debe ser valorada como delito y no como una costumbre. La guía para los sanitarios explica de manera tajante cómo debe actuar un profesional cuando identifica que una niña ha sufrido la ablación. Después de informar a la familia, se remite el parte de lesiones al Juzgado de Guardia y el oficio de notificación a Fiscalía del Menor. También se debe comunicar al trabajador social del Centro de Salud. Martín Castillo insiste en que es un asunto delicado, ya que muchas de las mujeres y niñas que llegan a Canarias en pateras y cayucos vienen huyendo de esta práctica.

En otros casos, las familias instaladas en España viajan al país de origen para practicar a las menores la mutilación genital. Los sanitarios deben, en estos supuestos, advertir de que la ablación es considerada un delito en el Código Penal español aunque haya sido realizada fuera del territorio nacional. Se castiga con pena de prisión de 6 a 12 años para los padres, tutores o guardadores e inhabilitación de cuatro a diez años para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento. "Tenemos la obligación de citar a las familias a la vuelta del viaje. Es más importante este punto que enjuiciar", explica Castillo.

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