Garzón recusa a un magistrado de los que deben juzgarle por las escuchas de Gürtel
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El juez Baltasar Garzón ha recusado a un sexto componente de la Sala que debe juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión.
Se trata de Manuel Marchena, al que acusa de falta de imparcialidad objetiva por coincidir su presencia en este tribunal con su condición de instructor de la causa en la que se investigan los cobros que el juez de la Audiencia Nacional percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.
Esta nueva recusación se suma a la que ya se tramita contra otros cinco del total de siete magistrados que el próximo día 29 debían iniciar el juicio contra el juez suspendido, lo que podría retrasar aún más el inicio del a vista, según fuentes del alto tribunal.
En el escrito remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa e Garzón califica de caso extraordinario -al menos en la historia judicial española- “que ante un mismo tribunal se sigan al mismo tiempo simultáneamente y no sucesivamente tres causas contra el mismo aforado por el mismo delito de prevaricació”, y añade que “no menos extraordinario se ofrece que un mismo juez y respecto de estas tres causas, pueda ser instructor de una de ellas y al mismo tiempo (*) forme parte del tribunal que ha de enjuiciar al mismo aforado en otra de dichas causas”.
Por ello, el abogado de Garzón en esta causa, Francisco Baena Bocanegra, solicita al Supremo que remita las actuaciones a la Sala especial de artículo 61 para que decida sobre este incidente de recusación de acuerdo a sus pretensiones.
Esta recusación se suma a la que ya se tramita contra el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. Baena Bocanegra argumenta que todos ellos están “contaminados” porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.
ESTADO DE LAS RECUSACIONES
Por el momento, se está a la espera de que los cinco magistrados ya recusados remitan un escrito al instructor de este incidente procesal señalando si aceptan la recusación y se apartan de la causa o bien la rechazan. El instructor puede entonces, valorando estos escritos y los ya remitidos por la Fiscalía y el resto de partes, decidir si rechaza las recusaciones de plano o bien eleva el asunto a la Sala del 61.
La semana pasada, la Fiscalía del Tribunal Supremo informó a favor de la petición del juez Baltasar Garzón para apartar de la causa a los cinco de los siete magistrados que el próximo día 29 tenían que juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones de la 'Gürtel'.
Según el Ministerio Público deben estimarse, sobre bases objetivas, “las sospechas o recelos que el recusante manifiesta en su escrito de recusación” respecto de la existencia de una falta de imparcialidad objetiva de los cinco magistrados para enjuiciarle.
El magistrado suspendido ya logró el pasado mes de junio que se apartara de la causa a los siete magistrados inicialmente designados para juzgarle por un supuesto delito de prevaricación que habría cometido al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo. En este caso, las recusaciones tardaron 6 meses en tramitarse.
La fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón por el tema de las escuchas a la “Gürtel”, mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.
El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el caso 'Gürtel' y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez. Peláez ya ha presentado escrito rechazando los motivos de recusación.
Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.
