La delgada línea

Cada vez que estalla un escándalo político relacionado con contratos públicos, favores empresariales o reuniones discretas, reaparece la palabra lobby como si fuera sinónimo de corrupción elegante. Sin embargo, esa equivalencia es simplista porque no toda representación de intereses es tráfico de influencias, aunque ambos fenómenos compartan un territorio ambiguo que no es otro que la cercanía al poder. Pero la diferencia no es menor. De hecho, confundirlos implica dañar la calidad democrática, porque demoniza una actividad legítima, que no es otra que la representación organizada de intereses, dificultando la identificación de las verdaderas prácticas corruptas. Y que esto no se entienda como un blanqueamiento del sistema. Lo que ocurre es que una democracia moderna necesita mecanismos de interlocución entre los gobiernos y la sociedad civil. Lo que sí es cierto es que no puede permitirse que esas relaciones se conviertan en privilegios opacos donde el acceso personal sustituya al interés general.

El lobby consiste en intentar influir en las decisiones públicas mediante argumentos, información técnica o presión política, buscando convencer a quienes legislan o gobiernan para que adopten determinadas decisiones. De hecho, sería extraño que no existiera esa interacción. Los responsables políticos no son expertos absolutos en todos los ámbitos que regulan. Cuando un parlamento debate una ley, necesita escuchar a sectores afectados que poseen conocimientos técnicos y experiencia práctica. El problema no es que existan grupos de presión, sino que aparece cuando solo algunos tienen acceso privilegiado y otros quedan excluidos.

En zonas geográficas determinadas con tradición institucional sólida, como es la Unión Europea, el lobby está regulado. Existen registros públicos de lobistas, agendas transparentes de reuniones y normas sobre incompatibilidades, donde la lógica es sencilla basada en la transparencia. Esta no elimina el poder económico, pero al menos permite saber quién intenta influir, sobre qué asuntos y con qué objetivos. El tráfico de influencias, en cambio, pertenece a otra categoría moral y jurídica. Aquí ya no hablamos de defender intereses de forma abierta, sino de aprovechar una posición de poder o una relación personal para obtener beneficios indebidos, donde la clave está en el uso irregular de conexiones privadas para alterar decisiones públicas, prosperando en la opacidad.

La democracia no consiste en eliminar intereses. Consiste en equilibrarlos y someterlos a control público. Pretender una política completamente aislada de grupos económicos, sociales o profesionales es una fantasía. Pero aceptar sin límites la captura del poder por redes privadas también conduce al deterioro institucional. En definitiva, la diferencia entre ambas prácticas está en distinguir el convencimiento general del propio provecho. Cuando un sistema político no distingue claramente entre ambas cosas, la ciudadanía termina creyendo que toda influencia es corrupción y que todas las decisiones públicas responden a intereses ocultos. Por eso es importante llamar a cada cosa por su nombre. No para absolver prácticas abusivas de presión, sino para identificar correctamente dónde empieza la corrupción. En el lobby legítimo hay representación, mientras que en el tráfico de influencias hay favoritismo. La frontera, sin embargo, no siempre es evidente. Y ahí reside el verdadero desafío, teniendo conciencia de que algo puede ser legal, pero no ético ni justo, asumiendo, como no podría ser de otra manera, que quien la hace, la paga. Sin ninguna duda.