El concejal de Podemos Jacinto Ortega, obligado a publicar su condena por insultar a Miguel Ángel Ramírez
El concejal de Podemos responsable del área de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega, se ha visto obligado a publicar el encabezamiento y el fallo de la sentencia que el 26 de enero de este año le condenó por intromisión en el honor del empresario canario Miguel Ángel Ramírez.
La condena incluye el pago de 4.000 euros al demandante, a quien el ahora concejal llamó “corruptor” cuando era delegado de Intersindical Canaria (IC) en el sector de la seguridad privada.
La representación jurídica del empresario, recuerda Seguridad Integral Canaria en un comunicado, había solicitado la ejecución provisional de la sentencia en lo que respecta a la publicación de aquel fallo, reclamación a la que se opuso el concejal capitalino sin éxito. El Juzgado de Primera Instancia número 13, que se encarga del procedimiento, estimó que sí procedía ejecutar ya la difusión de la condena por parte de Ortega, con independencia de que esté recurrida en apelación y pendiente de resolución para ser firme.
Frente a ese recurso de Ortega, tanto el abogado de Ramírez como el Ministerio Fiscal han solicitado la confirmación de la sentencia de enero pasado.
Al estimarse la ejecución provisional en lo referido a la publicación de la sentencia, el concejal tuvo que pagar el viernes pasado la inserción en prensa de un anuncio que reproducía el encabezamiento y el fallo, que también incluye el pago de 4.000 euros al empresario y que “se abstenga en el futuro de realizar actuaciones como las descritas en esta resolución contra el actor”.
Esas actuaciones se refieren a declaraciones en la que aludió a Ramírez como “corruptor”, aunque después puntualizase que no lo nombró expresamente. Excusa no admitida por el juez, que destaca cómo, con motivo del acto de conciliación, formuló otras declaraciones en las que exponía que no se podía “dañar el honor de alguien que no lo tiene”. Todas esas expresiones, según fundamenta la sentencia, fueron “innecesarias” y no pueden ampararse en los derechos a la libertad de expresión y al trabajo sindical.
En el caso de que finalmente se confirme la parte de la condena referida al pago de los 4.000 euros, Miguel Ángel Ramírez se ha comprometido a donarlos a ONG como Cáritas y San Juan de Dios.
