La Asociación para la defensa del centro comercial anexo de Gran Canaria expone en el Parlamento Europeo sus quejas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 (EUROPA PRESS)
La Asociación para la defensa del centro comercial anexo de Playa de El Inglés, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), comparecerá el martes, 24 de mayo, ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para que se examine la queja presentada y admitida a trámite.
El citado centro se encuentra en Playa de El Inglés, zona que está considerada como “uno de los principales destinos turísticos de Europa y por el que pasan anualmente más de 6 millones de turistas”, según informó el colectivo en nota de prensa.
Así, más 700 familias “viven directamente” de los puestos de trabajo que mantienen los propietarios de los locales del centro comercial Anexo II, “además de los 1.000 puestos de trabajo indirectos que genera los diferentes comercios”.
Los miembros de la asociación conscientes de la necesidad de mejorar el centro comercial, puesto que este se construyó en 1979, trabaja “estrechamente con el Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de las zonas turísticas de San Agustín, Playa del Inglés y Maspalomas, y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con el fin de relanzar de nuevo Playa de El Inglés como el mejor destino turístico de Europa”.
En cuanto a la queja presentada al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo está centrada en tres argumentos, tales como son la aplicación retroactiva de la Ley de Costas, la “arbitraria aplicación de la Ley que hace el Gobierno español” y la confiscación de la propiedad con la vulneración del artículo 17 de la Carta Universal de Derechos Humanos, del artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Protocolo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Así, después de que todas las administraciones públicas en España autorizaran la construcción del Centro Comercial Anexo II, en 1979 se finalizaron las obras, modificando la realidad fáctica del territorio.
De todos modos, en 1995 se realizó un deslinde por el que el Gobierno central amplió el dominio público marítimo terrestre “sin ningún estudio científico”, por lo que la Administración central “excluyó consciente y deliberadamente una gran cantidad de suelo que se encuentra en igualdad de condiciones y donde se han construido varios hoteles”.
Además, hacen referencia a la conclusión de las universidades de Cantabria y de Las Palmas de Gran Canaria, que a propuesta del Gobierno central elaboraron en 2007 un estudio sobre la playa y dunas de Maspalomas, que “evidencia que el Centro Comercial Anexo II no perjudica el ecosistema dunar de la playa de El Inglés, sino que son otros complejos de hoteles y apartamentos los que han creado una pantalla que ha alterado el viento y, con ello, el transporte y sedimento de la arena”.
“Los propietarios de los locales comerciales del Centro Comercial Anexo II tenían el derecho de propiedad y de uso de forma ilimitada e ininterrumpida en el tiempo pero tras la aprobación del tercer deslinde de 1995, los locales comerciales, todos ellos de titularidad privada, han pasado a ser de titularidad pública. La pérdida del derecho de propiedad no tiene una justa y compensada indemnización”, critican.
En este sentido, aseguran que la “única compensación” que la Ley de Costas prevé para los propietarios del Centro Comercial Anexo II “es una autorización administrativa temporal de uso, sometida a plazo de caducidad de 30 años, prorrogable por otros 30, y que limita los usos, perdiendo los legítimos propietarios su derecho de propiedad”.
Para la asociación la Ley de Costas “estafa” a los propietarios del Centro Comercial Anexo II, ya que prevé “indemnizarles con un derecho que ya tenían de forma ilimitada e ininterrumpida, y que ahora queda restringido a determinados los usos y por un plazo de tiempo limitado”.
“El Estado español tiene especial interés en confiscar la titularidad de los terrenos donde se encuentra el Centro Comercial Anexo II, con la connivencia y el beneplácito de los tribunales españoles, en clara vulneración del derecho a la propiedad reconocido en la Carta Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos”, finalizó.
