Bermúdez ordena multar al máximo a los incívicos
Tirar colillas o papeles a la acera o en zonas ajardinadas, incumplir con los horarios de depósitos de basuras, pegar carteles en sitios no autorizados o miccionar en la calle, ya estaba multado, pero a partir de ahora mucho más, hasta lo máximo, según el decreto que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, firmó el pasado 3 de febrero, por el que se ordena a la Policía Municipal que “las faltas sean graduadas en la máxima valoración posible” lo que podrá constituir un delito de prevaricación.
El decreto municipal se justifica en “la situación económica que atravesamos”, y en que “los servicios municipales no pueden dar abasto para reparar con la debida celeridad todos los daños derivados de este tipo de malas conductas, puesto que no pueden plantearse incrementos de recursos económicos destinados a dicha finalidad”. Sostiene que las conductas incívicas de algunos ciudadanos “han pasado a formar parte de lo cotidiano”.
De ahí que a partir de ahora tirar un papel pueda ser sancionado con hasta 200 euros y una pegada de carteles, con más de 1.800 si se es reincidente.
En el texto se ordena a la Policía Municipal “priorizar” la identificación de “las conductas ciudadanas que pudieran incurrir en la comisión de infracciones de las Ordenanzas Municipales, en la identificación de los infractores, y en su denuncia ante los servicios municipales competentes para la tramitación de los oportunos expedientes sancionadores”.
Y a raíz de identificar a los “incívicos”, se ordena “a los servicios municipales competentes” que “en la adopción de medidas oportunas” y “teniendo en cuenta la situación y dificultad económica actual (del Ayuntamiento) las faltas sean graduadas en la máxima valoración posible”. En el decreto se añade que se priorizarán “cuantas acciones fueran procedentes con el fin de exigir al infractor las demás responsabilidades administrativas y patrimoniales a que hubiere lugar”
El decreto de Alcaldía, “por el que se establecen instrucciones destinadas a la mejora del ornato y los bienes municipales” fue redactado por el director general de Organización y Régimen Interno, Joaquín Castro Brunetto.
Según explicó Dámaso Arteaga, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento a La Opinión de Tenerife, “el año pasado, los actos vandálicos costaron a las arcas municipales cerca de 100.000 euros”.
Fuentes jurídicas consultadas por CANARIAS AHORA consideran que podría darse un delito de prevaricación, por ordenar a los instructores de las sanciones la pena a imponer, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, la máxima. La Junta de Personal del Ayuntamiento ha pedido una reunión urgente con el alcalde para pedir explicaciones.
