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Ciudadanos reprocha el “cinismo desorbitado” del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria por sus actuaciones con Emalsa

Beatriz Correas, concejala de la formación naranja, critica al Consistorio capitalino por acusar a los 15 directivos de la empresa mixta cuando durante el vigente mandato no hayan actuado hasta que se ha manifestado la justicia

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Emalsa

Emalsa.

La concejala de Ciudadanos en la oposición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias, Beatriz Correas, ha reprochado al Gobierno de PSOE, Nueva Canarias y Podemos su “cinismo desorbitado” en el Consistorio al acusar a los 15 directivos de Emalsa una vez que la justicia se ha manifestado, pues considera que desde la administración ya tenían indicios de que se hubiese producido fraude societario.

“Yo celebro que por fin el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de el paso, pero lo que no pueden hacer es desoír a quien se lo ha estado diciendo y recordando durante años desde la oposición, o a un equipo de cinco funcionarios cualificados y expertos en temas de aguas que se lo han reflejado en cinco informes. Y no solo eso, sino que encima los ha tachado de mentirosos. Como mínimo, nos merecemos una disculpa”. Ha afirmado Correas.

La concejala de Ciudadanos se remonta a cuando Augusto Hidalgo, alcalde de la ciudad capitalina, tachó de “farsa” la investigación del entonces jefe de la Unidad Técnica de Aguas del Ayuntamiento, Rafael Bolívar, impuesta a modo de intervención por el alcalde en aquel entonces, Juan José Cardona, con la finalidad de analizar el estado de la empresa. Correas recuerda que después decidió “montar otro comité de expertos y estos repiten lo mismo que había averiguado Rafael Bolívar, pero escondieron los informes”.

Ahora, tras la publicación del auto dictado el pasado viernes por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Galván, que pone fin la instrucción de una causa que comenzó a investigarse en 2012, Correas considera que el “tripartito se ha subido al carro de lo que llevamos diciendo desde 2015, cuando empezamos a investigar a Emalsa”.

A la causa abierta desde que Cardona remitiera a la Fiscalía un escrito que provocó, diez meses después, la denuncia ante los juzgados por presuntos delitos societarios y la imputación de quince directivos y empresarios relacionados con Emalsa, se sumó un informe presentado en febrero de 2016 por Ciudadanos a la Fiscalía, donde recopilaban una serie de irregularidades en la empresa mixta de aguas de la ciudad. La misma formación sumó otra denuncia en octubre: el pago de 14 millones de euros a Emalsa, que también fue trasladado por el Ministerio Público al juzgado al apreciar delito de administración desleal.

Además, Correas adelanta que en el próximo pleno preguntará “si es Emalsa o si es el socio privado de Emalsa” quien recurre el auto y solicita la nulidad del mismo, pues para tomar una decisión así, en la empresa “se habrá reunido el consejo de Administración”, órgano en el que el alcalde ostenta la presidencia.

Contratos sin rigor, regulación imprecisa o un alquiler que no sigue criterios empresariales “mínimamente razonables”

Los hechos investigados que se reflejan en el auto de 26 páginas se circunscriben al periodo comprendido entre 2007 y 2011, periodo en el que se produjeron numerosos contratos entre Emalsa y Sercanarias que “distaban mucho de llevarse a cabo conforme a unos mínimos parámetros de rigor”; retribuciones a los directivos a través de las denominadas “prestaciones especiales, que cuentan con una regulación notablemente imprecisa”, o una operación de alquiler de oficinas entre Emalsa y Satocan “que no parece que obedezca a criterios empresariales mínimamente razonables”.

En suma, el magistrado estima la “posible existencia de un delito societario” del que responsabiliza a “los encargados de la gestión y la contratación de Emalsa”, pero también -“como cooperadores necesarios”- a los firmantes de diversos contratos por parte de Sercanarias y Satocan “al haber contribuido de manera decisiva y sin posibilidad de desconocimiento, dadas las relaciones entre los gestores de ambas empresas, a la realización de operaciones que podrían haber sido objetivamente perjudiciales para Emalsa y beneficiosas para sus socios privados”.

En concreto, el auto desglosa una serie de contratos entre los socios privados de Emalsa (Saur y Sacyr) y Sercanarias (que se encarga de la red de saneamiento de la ciudad y a su vez era propiedad a partes iguales de las mismas entidades) en los que, al ser entidades asociadas, se prescinde de los procedimientos que establece el marco normativo o incluso los propios Estatutos de Emalsa. Y destaca dos supuestos en los que se asignó directamente a Sercanarias los contratos de control, limpieza y mantenimiento de alcantarillado (el de mayor importe de todos los suscritos por Emalsa, superior a los dos millones de euros) y de Inventario de Datos de Acometida, sin que concurriera en una fase previa de ofertas.

Además, Emalsa no elaboró en ningún supuesto informe técnico ni económico para justificar la necesidad de contratar esos servicios con Sercanarias en lugar de prestarlos directamente con su propio personal y medios. Ni tampoco consta aprobación o autorización de la contratación por el órgano competente de Emalsa: el Comité de Gerencia. Este órgano lo crean los socios privados en noviembre de 2008 con la finalidad de regularizar prestaciones básicas para el desarrollo de la gestión de la entidad mediante todos los medios humanos, materiales y técnicos propios necesarios, a través de una cantidad que se ajusta al 2% de la cifra de negocio. Pero también incluye unas "prestaciones especiales" que no están especificadas y, según el auto, “todo apunta” a que las retribuciones de los directivos de Emalsa “se han abonando a través de las denominadas prestaciones especiales, que cuentan con una regulación notablemente imprecisa que ni siquiera se ha cumplido en sus trámites esenciales”.

Por último, cabe destacar el alquiler de la sede de Emalsa en el Centro Comercial Las Ramblas a Satocan.  Se firmó en 2008 entre los dos socios privados a espaldas del consejo de administración y la empresa perteneciente a Juan Miguel San Juan (que se sienta en aquella época en el consejo de administración de Emalsa como representante de Valoriza) y se fija inicialmente como precio una cantidad de 90.000 euros al mes que fue revisado por el entonces alcalde, Jerónimo Saavedra, al tomar conocimiento de la operación; entonces fue rebajado hasta los 75.000 euros.

El precio fijado para calcular el metro cuadrado, 28,41 euros, contrasta con el de otras oficinas de similares características (entre 10 o 14 euros), por lo que el “informe de auditoría señala que Emalsa está abonando por metro cuadrado una cantidad superior a la que le correspondería”. Pero es que además, según el auto, esta operación no cumplió con los requisitos necesarios para llevarse a cabo: la justificación, la valoración de rentabilidad, que existiera la propuesta del responsable del centro correspondiente, el visto bueno del director del área o la deliberación y aprobación en el comité de gerencia. Solamente se ha cumplido, y de manera parcial, con el de solicitud de ofertas. “De lo demás se ha prescindido absolutamente, ni siquiera existe el libro de actas del llamado comité de gerencia creado por los propios socios privados”.

Estas oficinas estuvieron dos años sin ocuparse desde que se produjo la firma del contrato porque había que adecuar el espacio a las necesidades de la empresa, y en la actualidad solo se ocupan dos de las tres plantas. Por todo ello, el magistrado concluye que “este espacio no era el más adecuado a las necesidades de Emalsa, que tuvo que hacer una costosísima obra, hasta el punto de que sólo pudo afrontar la habilitación de dos plantas" y, en la actualidad, "sigue pagando el alquiler de las tres”.

Además, en el contrato se fijó que si Emalsa decidiera rescindir el mismo antes de transcurrir el plazo de duración fijado (30 años) deberá abonar la renta completa correspondiente, lo que supone “otro gran desembolso económico para la propia Emalsa”. Por todo ello, concluye que esta operación no se ajusta a criterios empresariales “mínimamente razonables”.

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