Cristina Valido reclama dinero para contratar más personal que ayude a salir de la pobreza

El diputado del Grupo Mixto, Casimiro Curbelo, conversa con la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido. EFE/Ramón de la Rocha

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

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La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha dicho este martes que en Canarias 412.000 personas, el 19,6 % de la población, acude a los ayuntamientos a pedir ayudas sociales, y ha reclamado dinero para contratar a personal que ayude a salir de la pobreza.

Durante su comparecencia a petición del grupo Popular para hablar del plan contra la pobreza, la consejera ha insistido en que la pobreza se resuelve trabajando con las personas para ayudarlas a salir de esa situación, y ha reclamado más coordinación entre las administraciones.

La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo preguntó en concreto qué destino tendrán los 30 millones de euros incluidos en el presupuesto estatal para la pobreza en Canarias, a lo que la consejera ha replicado que no se ha reunido con los actuales responsables del ejecutivo central.

El presupuesto de la administración central fue elaborado por el PP y aprobado por el PSOE, y la consejera ha recordado que en esta materia el ejecutivo canario es un mero intermediario, y no sabe si el Gobierno de España ha cambiado los objetivos para destinar esos fondos.

Cristina Valido ha reiterado que la pretensión es que el Estado garantice que los municipios puedan destinar el 30% de ese dinero para contratar personal para los servicios sociales.

La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo ha recordado que esos 30 millones de euros se incluyeron en el presupuesto por medio de una enmienda de Nueva Canarias y ha destacado que ese dinero está “anclado” a la parte económica de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF).

Josefa Luzardo ha opinado que el comisionado contra la pobreza “no sirve absolutamente para nada” y ha insistido en reclamar una fecha para el segundo plan de inclusión social de Canarias.

En cuanto a las reuniones con el gobierno central, la diputada del grupo Popular ha señalado que no dependen de esos encuentros cuestiones como la elaboración de un plan contra la exclusión social.

Ha preguntado Josefa Luzardo qué pasa con la prestación canaria de inserción porque no llega a más personas y ha criticado asimismo que no se haya aprobado el plan de infancia comprometido desde 2014 y que tampoco haya un programa atención a la discapacidad.

La consejera ha respondido que “todo el dinero es poco” para atender los problemas sociales y en cuanto a establecer objetivos con el dinero que llegará del presupuesto estatal ha recordado que no está garantizado que sea de 30 millones de euros, por lo que no puede acordar líneas de actuación.

Cristina Valido también se ha referido a la prestación canaria de inserción para decir que no se trata solo de más dinero sino de reforzar los equipos de personal de los ayuntamientos, y ha reclamado un acuerdo para establecer un decreto único para atender emergencias de personas mayores en todos los municipios.

Este decreto se negocia con la Federación Canaria de MunIipios (Fecam) y la intención es tenerlo disponible para cuando se reúna con los responsables del ejecutivo español.

El diputado del grupo Nueva Canarias Luis Campos ha señalado que la consejera puede exigir reuniones con el gobierno central para establecer la forma de destinar esos recursos, y ha reclamado que la mitad de ese dinero sea para reforzar a las corporaciones municipales.

La diputada de Podemos María del Río ha mostrado su preocupación por lo que se hará cuando llegue el dinero y ha reclamado que ante el grave problema de pobreza que hay en Canarias se mejore la gestión de los fondos y mejorar educación, comedores escolares, becas de formación y otras necesidades de la sociedad.

La diputada del grupo Socialista Teresa Cruz ha indicado que la pobreza es el principal reto social y ha opinado que causa “estupor” que la consejera plantee que el dinero de su departamento es para los colectivos vulnerables, porque eso es decir que no hay servicios sociales para abordar la calidad de vida de los ciudadanos.

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