Una nota aclaratoria, clave para salvar los 220 puestos anulados por el TSJC
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por la que se anula la oferta pública de empleo (OPE) de 2005, podría tener matizaciones si los asesores jurídicos de los sindicatos y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, utilizan este lunes como instrumento legal la nota aclaratoria, según indicó un afectado por la anulación de las oposiciones, que debido a la “desorientación y el pánico” que se respira entre sus compañeros, prefirió mantenerse en el anonimato.
Se trata de una situación de “impotencia” que arrastran los 220 funcionarios entre policías, bomberos y personal administrativo del Ayuntamiento, sujetos a la sentencia que dio respuesta al recurso que interpuso el comisario jefe de la Policía Local, Javier Henríquez, en enero de 2006.
La nota aclaratoria podría subsanar las consecuencias de despido de los funcionarios que aprobaron la OPE, anulada ahora por la sentencia firme del TSJC, contra la cual no cabe recurso alguno. Concretamente, las fuentes implicadas explicaron como esta herramienta legal podría incidir en el hecho de que, pasados ya dos años desde que se realizaran las oposiciones, se encuentran en sus puestos de trabajo los que aprobaron los exámenes. Además, la nota podría referirse a como la sentencia no tenía que afectar obligatoriamente a los resultados de la prueba, en parte, porque el recurso que interpuso Henríquez, iba dirigido contra un aspecto burocrático de la convocatoria y no directamente contra los resultados obtenidos.
Las mismas fuentes aseguraron que las oposiciones se realizaron en diciembre de 2005, un mes antes de lo establecido legalmente para convocar plazas públicas de empleo, antes de la publicación de los presupuestos del año 2006. Aunque los afectados reconocen la ilegalidad en la forma, defienden que “lo que no tiene sentido, es que por un aspecto burocrático, que se resume en una anticipación de 30 días en las pruebas, 220 familias se queden sin sus garbanzos. La lentitud y negligencia de la justicia y la política de Canarias no deben pagarla los ciudadanos”.
Guerra de poder policial
Resulta curioso como todas las fuentes consultadas hayan pedido encarecidamente permanecer en la sombra de este asunto. El “miedo” se resume, dentro del cuerpo de la policía, precisamente en la figura del comisario jefe de la Policía Local, Javier Henríquez, que según varios afectados, fue el encargado de abrir la caja de Pandora, “sólo y exclusivamente para su propio beneficio, ya que a la gresca con la ex alcaldesa, Pepa Luzardo, vio como en el año 2006 se creaban otras dos figuras de comisario jefe que le supuso que le harían sombra y le auguraban un alejamiento del poder que ostentaba como Jefe del Cuerpo, cargo señalado a dedo por el alcalde si existe más de un comisario jefe”.
Una de las plazas de comisario jefe se creó por ascenso interno, recayendo en la persona de Zenón Sánchez Espino. Al otro puesto accedió Carlos Saavedra Brichis, a través de las pruebas de las oposiciones de 2005, justo las que se recurrió al Tribunal, “como un tiro peligroso, para eliminar a uno de sus iguales y que conlleva el despido de otras 219 personas”, puntualizó un afectado.
Las fuentes implicadas dilucidaron que se trata de un comportamiento “neurótico” por parte de Henríquez, una persona a la que sólo le quedan 7 años para jubilarse y que accedió a su puesto a través de José Manuel Soria, ex alcalde de la ciudad entre 1995 y 2003, que “recibió la sugerencia de plantarlo en el cargo, a través de amigos indirectos del ex presidente del Gobierno central, José María Aznar”.
Implicación del Ayuntamiento
Es el Ayuntamiento el medio para canalizar los instrumentos legales pertinentes en este asunto, que depende directamente del TSJC. Sin embargo el grado de su implicación se discute arduamente entre los afectados, por un lado entienden que “es un problema heredado del anterior gobierno local, aunque no por ello deben cruzarse de brazos, tienen que resolverlo, porque son los que gobiernan ahora y los asuntos políticos de desacreditación entre partidos sobran en los platos de los 220 afectados”.
Al mismo tiempo, las mismas fuentes se molestan con la actitud presentada por el alcalde, Jerónimo Saavedra, que alabó la labor profesional del actual director general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Francisco Úbeda Tarajano, precisamente el letrado que defendió y ganó para Henríquez la anulación de las oposiciones y que ahora no tendrá más remedio que ver el asunto desde el otro punto de vista. “O no, entra la duda de si sabrá hacerlo con profesionalidad, ya que está ante un conflicto de intereses”, concluyeron las fuentes perjudicadas.
