Ana Oramas defiende el honor de su familia y de los técnicos de La Laguna: “No cobré nada de la venta de la finca”

La actual diputada por Coalición Canaria y alcaldesa de San Cristóbal de La Laguna entre 1999 y 2008, Ana Oramas, ha comparecido este viernes en rueda de prensa para “defender el honor de su familia y de los profesionales y funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna”, a raíz de las informaciones publicadas en Canarias Ahora que desvelaban los pormenores de la recalificación de una finca durante su mandato y en el marco de la puesta en marcha del Plan Especial de Protección (PEP) del Conjunto Histórico de La Laguna, aprobado en 2005 y ejecutado por la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S.L., a la que se pagó hasta un millón de euros. La finca, además, era propiedad de la empresa Transportes de Tenerife S.L., en la que familiares de la parlamentaria nacionalista tenían una participación.

Desde ese momento, el terreno de 3.243,7 metros cuadrados, ubicado entre las calles Marqués de Celada y la Avenida Lucas Vega, pasó de ser destinado a viviendas y aparcamientos a tener un uso comercial. Gracias a este cambio, hoy se construye un Mercadona en lo que eran las antiguas cocheras de guaguas. La ex alcaldesa dijo que “ninguna empresa modifica la catalogación o la ficha urbanística de un inmueble, esto lo hace el Ayuntamiento a través del pleno y del consejo de la Gerencia”.

“Durante mi vida política he sufrido ataques a mi honorabilidad y nunca he contestado, porque tenía la conciencia tranquila, pero esta vez comparezco porque tengo la obligación moral, no de defenderme a mí, sino de defender a profesionales y funcionarios impecables que La Laguna tuvo la suerte de tener para transformar su casco histórico en Patrimonio de la Humanidad”, arrancó Oramas la rueda de prensa y aseguró que sería la única vez que comparecería sobre este asunto.

La diputada relató que el Plan de Especial Protección, necesario para convertir a la Ciudad de Los Adelantados en Patrimonio de la Humanidad, se aprobó el 21 de junio de 2005 por unanimidad del pleno, estando presentes por la oposición el Partido Socialista con Santiago Pérez, Gustavo Matos, José Antonio Valbuena y Javier Abreu, y siendo Secretaria del Ayuntamiento Mercedes Bethencourt.

El equipo multidisciplinar, que trabajó en la redacción y ejecución de este Plan Especial, estaba compuesto por 42 personas dirigidas por María Luisa Cerrillos, arquitecto; Rafael Fontes, arquitecto y licenciado en Historia del Arte, y Adrián Alemán, periodista e historiador; siendo el asesor jurídico Javier Díaz Reixa; todos pertenecientes a la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S.L. Asimismo, el PEP lagunero contó con el informe favorable del Colegio de Arquitectos y de expertos. “La Laguna fue ejemplo para la Unesco, tanto el Plan Especial como la Oficina de Gestión del Casco son un referente en el ámbito nacional e internacional”, agregó.

 El Plan Especial se adjudicó a dicha sociedad tras ganar un concurso internacional, cuyas bases “fueron presentadas ante el Colegio de Arquitectos y contaron con la asesoría jurídica de Francisca Pérez García, quien se encargó de la adjudicación”. El contrato estaba dividido en dos partes. Por un lado, la redacción del Plan Especial del Casco Histórico de La Laguna, aprobado el 23 de julio de 2002, y que se dividía a su vez en una partida de 258.161 euros para la redacción del PEP y 372.900,7 para el levantamiento de hasta 600 edificios. Esta último contrato se pagaba a medida que se fueran haciendo los levantamientos por ese equipo de 42 personas. “Este contrato fue aprobado por la secretaria de la Gerencia, Francisca Pérez García”, subrayó Ana Oramas

El segundo contrato se publicó cuando se aprobó el Plan Especial, para la gestión técnica del ámbito ordenado por el PEP, por un valor de 242.000 euros, respaldado por el secretario Nicolás Brando Gómez Landero.

Recalificación a una finca de la familia Oramas

“La finca de las antiguas cocheras de guaguas, en el PEP, pasa de ser destinada a viviendas y aparcamientos, a que se pueda usar también como comercial, por una razón: en el Casco Histórico no hay edificios ni oportunidad de construir nada”, sentenció la líder nacionalista. “El Ayuntamiento tenía dos carencias, por un lado, se necesitaba más espacio municipal, porque se tenían oficinas pequeñas alquiladas, y por otro, un centro ciudadano que nos requirió la Asociación de Vecinos del casco”.

En este sentido, confirmó Ana Oramas que se decidió otorgar el uso comercial a la finca propiedad de Transportes Tenerife S.L., para dotar al Ayuntamiento de espacio y aparcamientos públicos. “Así, en el convenio urbanístico se dan más de un millar de metros cuadrados al municipio, entre ellos, la fachada histórica, más 300 metros cuadrados para las oficinas municipales y más 800 metros cuadrados para el centro ciudadano en varias plantas. Esto está en el convenio”. La ex alcaldesa aclara que no son solo 18 plazas de aparcamiento, también son 1.000 metros cuadrados para otros servicios. 

“En todo caso, la empresa no recalifica el terreno, lo hace el pleno del Ayuntamiento y el consejo de la gerencia”, subrayó.

“No cobré nada por la venta de la finca”

“Ni tuve ni tengo ni cobré nada de la venta de esa finca”, afirmó rotunda Ana Oramas. Recordó que fue en 1942 cuando se constituye la sociedad Transportes de Tenerife, gracias a seis familias, entre ellas, la suya. 

La familia Oramas tenía el 11,1% de dicha sociedad. “Tras la muerte de mi abuelo, a mi padre, José Oramas, le corresponden 185 participaciones, lo que suponen el 2,3% del capital. En aquel momento, cuando se firmó la venta, mi padre ya estaba enfermo. Por lo que fueron otras personas de la empresa las que negociaron la venta. Yo hoy tengo que defender la memoria de mi padre y de mi abuelo. La parte de mi padre, que recibió por la venta de sus acciones hace 12 años, fue de 101.750 euros. Mi padre murió hace tres y ninguno de sus 10 hijos recibimos nada de eso, porque ese dinero se destinó a costear sus cuidados en sus últimos años de vida” .