Un total de 23 asociaciones integran la Plataforma Canaria contra la reforma de la Ley de Extranjería
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 (EUROPA PRESS)
Un total de 23 colectivos de Gran Canaria, ONGs y asociaciones de inmigrantes integran la Plataforma Canaria contra la reforma de la Ley de Extranjería, una organización presentada hoy contra la citada normativa que consideran que constituye “un paso atrás y en este contexto de crisis pone sobre la mesa peligros, ideas, concepciones negativas sobre el fenómeno migratorio que pueden ser negativas de cara al conjunto de la sociedad”.
Así lo informó a Europa Press en la capital grancanaria el miembro de la Plataforma Juanma Brito, que resaltó que Canarias se suma de esta manera al resto del Estado español, en el que se realizarán actos de denuncia por parte de las organizaciones sociales y del movimiento asociativo de inmigrantes, que pretenden dar conocer a los parlamentarios españoles que finalmente aprobarán o no esta reforma, su desaprobación respecto a ella.
“Nuestra posición es crítica porque es una ley que no responde a las necesidades ni a los retos que el fenómeno migratorio presenta en el Estado español”, añadió Brito, para quien “hace falta fortalecer a las personas en sus derechos y no restringirlos”.
En este sentido, resaltó que “la reforma de la ley lo que hace es obstaculizar aún más los procesos de integración de las personas inmigrantes y no es una reforma que sea válida para las necesidades que plantea el fenómeno migratorio”.
En los mismos términos se expresó otra de las integrantes de la asociación, Blanca Rey, quien reiteró que dicha reforma supone “Un retroceso”. Explicó que uno de sus “caballos de batalla es la ampliación del periodo de internamiento”, en tanto que en este momento “las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular pueden estar en centros de internamiento de carácter no penitenciario hasta 40 días y se propone una ampliación de hasta 60 días”. “Nos parece absolutamente injustificable, indefendible e innecesario”, aseveró.
Asimismo, señala que en relación a los menores inmigrantes “no se termina de consolidar el régimen y es un tanto impreciso”.
Respecto a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género lamentó que “a una mujer que se encuentre en situación irregular y que fuese víctima de violencia de género se le podría abrir un expediente de expulsión al ir a presentar la denuncia”. “Esto en la reforma no lo deja reglado”, argumentó Rey, que hizo hincapié en que “la condición de víctima de violencia de género debería estar salvada en esta Ley, al igual que la condición de menor”.
COOPERACIÓN, UN PILAR FUNDAMENTAL
En su opinión, “la cooperación con los países de origen es un pilar de la política migratoria”. En todo caso, precisó que éste es “un momento distinto al de hace diez años y lo que hay que hacer es incidir en todos aquellos aspectos de la ley que favorezcan la integración de inmigrantes”.
La plataforma denunció “los sucesivos cambios ejercidos a través de reformas de la ley de extranjería reflejan, por parte de los gobiernos de turno, la ausencia de un modelo integral de gestión de la inmigración y su integración en el Estado Español”.
A su vez, y particularmente esta reforma, deja ver, según el colectivo, “un discurso hipócrita en tanto que en la propia exposición de motivos se contradice al situar objetivos que se anulan entre sí.
A este respecto, explicó que, por un lado “tiene como metas el establecimiento de ”un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el pleno ejercicio de los derechos fundamentales, así como el refuerzo de la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración“. Sin embargo, por otro, ”enuncia el objetivo de perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios laborales, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo“.
“Se culmina este despropósito de reforma cuando un valor de tanta trascendencia para la convivencia entre las personas como la solidaridad aparece criminalizada al ser objeto de persecución la hospitalidad”, concluyen.
Los colectivos que forman parte de las acciones de denuncia en las islas son: Acciónenred-Canarias, Asociación de Colombianos en Canarias Paraíso Cóndor, Asociación de Hondureños en Canarias, Asociación de Peruanos Residentes en Gran Canaria y Amigos del Perú 'Inti Raymi', Asociación Uruguayos en Gran Canaria, Asociación de mujeres Flora Tristán, Asociación de Discapacitados Melody, Asociación Canaria de Economía Alternativa, Alternativa Antimilitarista - MOC, ATTAC-Canarias, Ben Magec - Ecologistas en Acción, CCOO-Secretaría de Migraciones y CEAR-Canarias.
A ellos se suman las organizaciones CGT, CoBas, Coordinadora Sindical Canaria, CSC, Cáritas Diocesana de Canarias, EA-Canarias, Ecodesin Funvaen, HOAC, Las Palmas Acoge y Mujer, Solidaridad y Cooperación.
