Canarias dispuesta a pedir al Estado que exima a las Islas de la prohibición de instalar paneles en los invernaderos
Los agricultores insisten en que ocuparían sólo el 20% de las instalaciones y haría más competitivo al sector frente a competidores
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 (EUROPA PRESS)
Los grupos parlamentarios de PP, CC y PSOE han mostrado su disposición a sacar adelante un acuerdo plenario el próximo miércoles 7 de julio en el que solicitarán al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero que la modificación del Real Decreto 1578/2008, que pretende aprobar el Ministerio de Industria, exima a Canarias de la prohibición de instalar placas fotovoltaicas en los invernaderos.
Así lo han adelantado este miércoles en Santa Cruz de Tenerife el abogado de la Asociación provincial de Cosecheros Exportadores de Tomate de Tenerife (Aceto), Pedro Galván, el presidente de la Asociación, Francisco Mesa, el director gerente de la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias (Asocan), Antonio López, y el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Productores Hortofrutícolas (Fedex), Ismael López.
Galván aseguró que han mantenido reuniones con todos los partidos políticos para pedir su apoyo en esta iniciativa. “Nos reunimos el lunes con los parlamentarios de CC, José Miguel Barragán, José Miguel González, así como el diputado José Luis Perestelo que nos aseguraron que estaban dispuestos a consensuar una posición común en el Parlamento de Canarias para elevarlo a Madrid” y que permita que el 20 por ciento de los techos de los invernaderos se ocupe por placas fotovoltaicas.
Esta misma disposición , según Aceto, se mostraron el presidente y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Marcos Hernández y Francisco Spínola, con quienes se reunieron este martes asegurando que estaban dispuestos a llegar un consenso en el pleno extraordinario de julio. Hoy ha sido el turno de reunión con la consejera regional de Agricultura, Pilar Merino, la vicepresidenta del Parlamento, Cristina Tavío y el director regional de Energía, Adrián Mendoza.
“Todos han sido favorables a esta iniciativas siempre y cuando se mantenga la actividad agrícola”, explicó Galván que dejó claro que contar con este recurso mejorará también la posición de los productores canarios frente a los competidores. “De no salir adelante [esta excepción] Canarias podría quedar en entredicho frente a sus competidores”, defendió el representante de Aceto.
Agarrados a la Ley de Medidas Urgentes, el sector insiste en que un 20 por ciento de la ocupación permitiría hacer compatible la actividad con la instalación de placas, asegurando que estaría dentro de las premisas marcadas por la Ley Nacional de Desarrollo Sostenible, así como la propuesta de la Ley de Medidas Urgentes.
“Los que estamos en la agricultura queremos seguir estando. Es suelo que ya está ocupado, no es consumir más territorio”, ha defendido Pedro Galván que insistió que esto es “una cuestión de futuro”. Por su parte, el representante de Fedex, en esta línea, insistió que en la mesa estaba sentado “un sector netamente agrícola” que pretende seguir adelante. “No se trata de pedir dinero”, sino de contar con unos ingreso que permitan actualizar el sector. “Pedimos el apoyo y esperamos lograrlo en Madrid y Canarias”, apostilló Ismael López.
PARA PODER CONTINUAR
El presidente de Aceto confió en que el Parlamento llegue a un acuerdo que fuerce al Estado y se consigua una “exención” para Canarias; el representante de Asocan insistió en que esta medida es fundamental para que el sector “pueda continuar”.
Los presentes en la mesa insistieron en que se puede convivir y que durante 25 años estaría garantizada la producción del sector. “Va ligado una cosa a la otra”, aseveró Pedro Galván que explicó que si los propietarios abandonaran la actividad, la asumiría la empresa de las placas fotovoltaica.
“Este es un acuerdo serio. No es para la especulación, ni el dinero fácil”, defendió el abogado y puntualizó que son generaciones que han estado trabajando y viviendo de la tierra que anhelan dejarla también a generaciones venideras. Mostraron, además, su disposición a que cualquier institución inspeccionara las explotaciones durante todo este tiempo.
