Un centenar de escritos contra el recorte del 20%
Funcionarios interinos y personal laboral indefinido y temporal del ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias han presentado alrededor de un centenar de escritos en el Edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria y en la Dirección General de la Función Pública en Santa Cruz de Tenerife oponiéndose al recorte del 20% de la jornada laboral y la correspondiente reducción salarial que les será aplicada. En este documento califican la medida de “discriminatoria y arbitraria”, ya que sólo afecta a 3.300 trabajadores de un total de 60.000, y aseguran que tendrá “graves perjuicios en la calidad de los servicios prestados”.
Los miembros de este colectivo, agrupados en la Plataforma de Empleados Públicos Afectados por el Recorte del 20%, afirman que esta decisión les ha sido comunicada por correo electrónico y no a través de la Dirección General de la Función Pública ni por los centros directivos competentes. Es por ello que que piden la “notificación formal, expresa, urgente y personalizada” y que se les informe pormenorizadamente de los términos y consecuencias derivados de su aplicación, así como el modo en el que afectará a su cotización y al cómputo de sus vacaciones.
Los empleados afectados están dispuestos a “emprender todas las acciones legales disponibles para defender sus derechos”, según afirma Pilar Morán, empleada de la viceconsejería de Medio Ambiente y portavoz de la plataforma. Además, considera que la medida “atenta contra la Constitución y contra varias directivas europeas y la normativa laboral establecida en el territorios nacional”.
La plataforma no solo se opone a la medida, sino que además presenta cerca de 50 alternativas para evitar que las esta afecte a los salarios de los trabajadores públicos, como la revisión de las dietas y retribuciones de los altos cargos y personal de confianza, la fiscalización exhaustiva de las contrataciones de la Comunidad Autónoma y la revisión de la gestión del Servicio Canario de Salud, entre otros. Estas han sido, según palabras de la portavoz, “obviadas” por parte del Ejecutivo.
En primera instancia, piden la anulación de este recorte. Sin embargo, “sólo en el caso de que justificadamente se entendiese que esto no es posible”, solicitan que esta reducción “se aplique linealmente a todos los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma” y no sólo a este reducido colectivo.
“Hay todo tipo de trabajadores de las diferentes categorías implicados”, añade Pilar Morán, quien asegura que principalmente los servicios que se verán afectados son el impulso de los expedientes administrativos y la atención a los ciudadanos.
