El certificado de residencia, ''un engaño de Cardona a los ciudadanos''
Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acusó al alcalde del Partido Popular (PP), Juan José Cardona, de engañar a los vecinos de la ciudad con el certificado de residencia. El grupo municipal de los nacionalistas progresistas denunciaron “el cobro de 2,46 euros cuando, hace siete meses, se aprobó su gratuidad si se tramitaba a través de la ventanilla virtual de la página web municipal”.
Los concejales de NC en el Ayuntamiento capitalino, Pedro Quevedo y José Eduardo Ramírez, informaron que, el pasado mes de abril a propuesta de NC, se aprobó que la obtención del certificado de residencia para viajar fuera gratuito si se hacía de manera telemática. Además el pasado mes de septiembre se secundó, en el pleno, el cambio en la ordenanza que lo regulaba pero, “a día de hoy, se sigue cobrando” por su tramitación, tal y como denunció el grupo municipal en la oposición.
Para Nueva Canarias es “incompresible” un retraso, que sólo es achacable a dos cosas, como es a la “incompetencia” del grupo de gobierno para poner en marcha una medida “muy sencilla” o a un “engaño a la ciudadanía, cuya única finalidad es la de seguir recaudando dinero, sobre todo para aprovechar las vacaciones navideñas, cuando muchos canarios residentes de otros territorios y países se desplazan fuera para visitar a sus familiares y amigos”.
Nueva Canarias hizo “directamente responsable de este engaño” a Juan José Cardona. En el pleno del pasado mes de septiembre, insistieron Ramírez y Quevedo, el alcalde firmó junto con el resto de portavoces una declaración institucional para instar al Gobierno central de Mariano Rajoy para que la obtención del certificado fuera siempre telemática y además mostró, en aquel momento, su “enfado por lo que entendía una discriminación” hacia los canarios. Nueva Canarias le recomendó que “se enfade menos y que actúe más”.
El grupo municipal de NC anunció que exigirá responsabilidades porque entiende que “ya se acabaron las excusas” de la tramitación burocrática. El acuerdo, recalcaron, se adoptó hace ya siete meses.
En un escenario de subida masiva de impuestos y de tasas (IGIC, IRPF, IBI, guaguas, taxis, agua y luz, entre otros), y porque los dos concejales nacionalistas entienden que la solicitud del certificado es una vuelta al siglo pasado, Ramírez y Quevedo solicitaron al Partido Popular que actúe “con diligencia y deje de cobrar” a los palmenses por la obtención de dicho certificado.
