El concejal de Personal de Santa Lucía de Tirajana acusa a un partido de la oposición de intentar “bloquear” el Ayuntamiento con sus recursos

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Pedro Sánchez Vega (Fortaleza), ha acusado al partido en la oposición Agrupación de Vecinos Santa Lucía de intentar “bloquear” el funcionamiento de la administración con la presentación de recursos judiciales contra los decretos de nombramientos aprobados por el grupo de gobierno.

Algunos de ellos, al menos tres, se han saldado recientemente con sentencias desfavorables para la corporación local y con la anulación de esas designaciones, realizadas a través de la figura de la atribución temporal de funciones. 

Sánchez ha recalcado que se trata de una práctica habitual e histórica en la administración local que nunca había sido recurrida hasta la llegada de la Agrupación de Vecinos a la oposición. “La administración puede auto organizarse. Un funcionario de Urbanismo puede ir a Recaudación a lo mejor porque necesita una motivación o porque tiene un determinado perfil. Eso no le supone ninguna merma al Ayuntamiento. Simplemente cambiar a un trabajador de sitio, no es que vaya a cobrar más”, afirma. 

El concejal de Recursos Humanos niega que se trate de nombramientos “a dedo” o “irregularidades” en las formas de contratación. “Son prácticas que se han hecho toda la vida y que no se han recurrido salvo por una nueva oposición que, como no tiene nivel político para debatir de política, lo lleva todo al juzgado. Han perdido muchas y han ganado dos”, sostiene Sánchez. 

Aunque esas resoluciones judiciales no son firmes, el grupo de gobierno municipal no se plantea recurrirlas. “Las acatamos. Esas sentencias lo que han establecido es que eran preceptivos determinados informes antes de realizar estos nombramientos. Si ese es el criterio judicial, habrá que adecuarse”, explica el edil de personal. 

Sánchez respeta la decisión de los jueces, pero no la comparte. Defiende que el criterio fijado por los tribunales, que impone al Ayuntamiento la obligación de realizar una convocatoria pública y ofrecer la atribución temporal de funciones a todos los trabajadores de esa categoría para determinar cuál es el idóneo para el puesto, “paraliza el funcionamiento diario” de la administración. “Pero si dicen que hay que hacerlo así, lo haremos así”, concluye.