Denuncian a un edil del PP por la factura del móvil
La Fiscalía provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado denuncia contra el concejal de Recursos Humanos, Empleo y Seguridad del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Luis Miguel Rodríguez (PP), por malversación de caudales públicos, al haber gastado 9.634,01 euros en móvil, solo en 2011, un “gasto objetivamente desproporcionado e injustificable”, incluso para un miembro del Gobierno, sufragado con dinero público.
Esta denuncia parte de la que presentó el concejal de la oposición por Izquierda Unida Canaria (IUC), Jonás Hernández Hernández, en la que se prueba que el gasto del concejal del PP fue, de media, de 802, 83 euros al mes, aunque hubo uno, julio del año pasado, en el que el consumo ascendió a 2.268,29 euros, “lo que equivale a 3,5 veces el salario mínimo profesional, que es de 641,40 euros”.
Esto ocurrió, además, después de que el Consistorio aprobase el 29 de diciembre de 2010 un gasto máximo de 60 euros al mes para los miembros del Gobierno de Puerto de la Cruz dentro de las “Medidas extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa y la gestión de recursos humanos en los servicios municipales”.
Entre esas medidas, una se refería al “uso racional” de los servicios de telecomunicaciones y las tecnologías de la información, por la que se estableció un límite mensual al gasto (60 euros), aunque excepcionalmente se podría solicitar una ampliación por roaming, en caso de viajar al extranjero y previa autorización.
Dinero sin reintegrar
El Pleno municipal acordó, con los votos a favor de CC y PP, que “superados los límites de gasto previsto, la línea quedará bloqueada”, pero eso no debió ocurrir con Luis Miguel Rodríguez, al que no se le bloqueó la línea, pese a ser trece veces superior su consumo.
Luis Miguel Rodríguez se disculpó públicamente en mayo de este año, afirmando que creía que tenía una tarifa plana, por lo que dejaba su móvil conectado a internet permanentemente. “Fue un error”, dijo a la prensa, al tiempo que el alcalde Marcos Brito (CC), afirmó el 12 de mayo pasado, que “en política se cometen errores que se corrigen”.
Estos argumentos no son creíbles para el concejal de IUC Jonás Hernández, quién afirmó en su escrito que “difícilmente se podría generar una facturación de tan alto importe aún en ese supuesto (el de la conexión ininterrumpida a internet), lo que más bien podría apuntar hacia una posible tarifación por servicios de naturaleza ”especial“ o quizás internacionales totalmente incompatibles con la vinculación al servicio público exigible en el correcto uso de dicha telefonía”.
Tampoco consta que el edil denunciado haya reintegrado, como dijo Brito, el importe de más de las facturas.
El personal municipal, en su contra
El llamativo gasto en telefonía móvil del concejal del PP ha sentado como una patada entre los empleados públicos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, que en 2011 y 2012 han visto recortados sus salarios y limitados algunos derechos laborales, que el denunciado calificó de “prebendas”.
Y es que Luis Miguel Rodríguez, que antes del verano fue noticia por ser detenido tras saltarse un control policial y circular en dirección contraria, es un concejal polémico, tanto que la Junta de Personal pidió en abril pasado que fuese cesado por faltar al respeto de los trabajadores, tras dictar un circular en la que se les prohibía fumar, ingerir bebidas alcohólicas y consumir drogas en las instalaciones municipales. Esa circular también fue trasladada a la Policía Local como parte del Ayuntamiento.
Rodríguez, además, amenazó a Jonás Hernández con denunciarle por atentar contra su honor, después de que el concejal de IUC hiciera público el derroche telefónico, para lo que antes instó una papeleta de conciliación, que conllevaba una indemnización de 15.000 euros, pero Hernández la rechazó.
