La diputada tránsfuga Vidina Espino dispondrá de casi 160.000 euros del Parlamento por un ‘agujero’ en el reglamento

Vidina Espino había hecho los cálculos precisos antes de dar el paso y abandonar repentinamente Ciudadanos. El partido hacía tiempo que la había dejado sin competencias orgánicas y su función política se resumía a su trabajo parlamentario, que desde luego desarrollaba con denuedo. Hasta que se produjo la decisión irremediable: sustituirla al frente de la portavocía parlamentaria por el otro diputado de Ciudadanos, Ricardo Fernández de la Puente. Eso iba a significar restarle todo el protagonismo mediático que hasta ahora ha tenido y, mucho más importante, apartarla del control de los 315.600 euros de asignación que gestiona el Grupo Mixto en la Cámara regional.

Así que Vidina Espino aprovechó un agujero en el reglamento del Parlamento canario para dar un salto hacia lo que parecía el vacío: de buenas a primeras anunció el 13 de julio en la tribuna de oradores que abandonaba Ciudadanos esgrimiendo como excusa la posición del partido por el que se presentó a las autonómicas de 2019 respecto a un aspecto concreto del Régimen Económico y Fiscal canario (REF). El reglamento envía a la consideración de no adscrito a todo aquel representante parlamentario que abandone o sea expulsado del partido por el que obtuvo su acta, excepto en el caso de integrantes del Grupo Mixto. Ese resquicio permitirá ahora a Vidina Espino gestionar por sí sola 157.800 euros, exactamente la mitad de lo que tiene asignado ese grupo parlamentario que, a partir de que se haga efectiva su marcha de Ciudadanos, tendrá que compartir con su excompañero Ricardo Fernández de la Puente.

Pero a diferencia de este diputado y de los demás grupos parlamentarios, no tendrá que rendir cuentas a ningún partido acerca de a qué dedica los fondos públicos, a quién contrata, a quien paga la prestación de cualquier servicio o con quien come o cena. El Parlamento abonará las facturas que ella autorice.

Esas prerrogativas saltaron a la Mesa del Parlamento desde el mismo instante en el que Espino hizo saber su decisión de abandonar Ciudadanos pero no devolver su acta de parlamentaria. Se convertía oficialmente en una tránsfuga en aplicación del pacto antitransfuguismo, y aunque el Partido Popular ha sido el primero en abandonarlo en España tras las escaramuzas en la Región de Murcia, fue la presidenta de ese partido en Canarias, María Australia Navarro, la primera que se dirigió informalmente a la Mesa de la Cámara haciendo constar su interés por limitar los derechos y las prerrogativas económicas que a partir de ahora tendrá la diputada Espino.

Pero han sido Nueva Canarias y Unidas Podemos (Sí Podemos Canarias) los únicos grupos que han formalizado una petición expresa al presidente del Parlamento, Gustavo Matos (PSOE), para que recabe del Consejo Consultivo de Canarias un dictamen que “analice las prerrogativas que tienen los diputados del Grupo Mixto que, al abandonar la formación política con la que concurrieron a las elecciones, mantienen intactos todos sus derechos, incluidos los económicos”.

A ese escrito se sumó fugazmente el Grupo Socialista, pero una decisión orgánica condujo a su portavoz, Nayra Alemán, a solicitar la retirada de su firma. “No queremos inmiscuirnos en las interioridades de los demás grupos parlamentarios”, dijo a este periódico cuando se le reclamó una explicación.

Nueva Canarias recordó este jueves que “el artículo 27 del Reglamento de la Cámara, en sus dos primeros puntos, fija que los diputados que se vayan de un grupo o sean expulsados del mismo pasan a tener la consideración de no adscritos, lo que supone una importante limitación de sus derechos. Sin embargo, estos dos supuestos no serán de aplicación a quienes integren el Mixto, según se especifica en el punto 3”.

Luis Campos y Esther González dijeron que “esta situación choca con el Pacto Antitransfuguismo, actualizado, después de una década, en noviembre de 2020. Este acuerdo dice, en primer lugar, que la consideración de no adscritos es para los tránsfugas. En segundo lugar, tránsfugas son quienes abandonan o son expulsados de la formación política con la que concurrieron a los comicios”.

Los grupos parlamentarios en la Cámara autonómica de Canarias se reparten anualmente más de 3.365.000 euros en función del número de escaños que obtenga cada uno de ellos. El PSOE, con 25, recibe 798.600,00 euros, mientras que la Agrupación Socialista Gomera, con tres, cobra 330.600 gracias a la modificación del reglamento que su líder, Casimiro Curbelo, exigió al pacto de las flores. De este modo evitó integrar el grupo mixto y repartirse con los dos parlamentarios de Ciudadanos los 315.000 que le habrían correspondido a todos ellos.

Coalición Canaria, con 20 escaños, gestiona 693.00 euros, el Partido Popular (11), 504.600, y Sí Se Puede Canarias (4), 357.600. Nueva Canarias ha perdido una parte de sus ingresos como consecuencia de la marcha de una de sus diputadas, la majorera Sandra Domínguez, que ha pasado a ser no adscrita. En la actualidad el partido de Román Rodríguez percibe una indemnización anual de 357.600 euros por sus cuatro escaños, los mismos que Sí Se Puede Canarias.

Con ese dinero, los grupos parlamentarios pagan asesores, asistentes, gastos de representación y actos públicos, en ocasiones incluso de sus propios partidos. Están fiscalizados, eso sí, por los servicios de la Cámara.