Economía sumergida: tolerancia cero
La recaudación pública podría aumentar en 800 millones de euros anuales en Canarias de aflorar la economía sumergida que existe en las Islas, según un informe del Instituto Español de Analistas Financieros
Entre 60.000 y 125.000 trabajadores no cotizan a la Seguridad Social, lo que sitúa a la economía sumergida en Canarias, según cuantificó a finales de 2012 el sindicato Comisiones Obreras, en el 30% del Producto Interior Bruto (PIB).
Estos datos son los que hacen que, una vez más, Canarias sea la Comunidad Autónoma que lidere en otro aspecto negativo, en este caso en la economía sumergida: un 28% del total, muy por encima de la media española, situada en un 18,6%.
¿Por qué en Canarias el fenómeno tiene una presencia tan superior a la media de España?
Los planes de la Dirección General de Trabajo han hecho aflorar de enero a junio un total 2.185 puestos de trabajo sumergidos.
Varios expertos apuntan a varios factores, como el sistema fiscal complejo, pymes de tamaño muy pequeño, que justamente son empresas que tienen unos costes importantes de salida a la hora de tributar y que operan en un territorio fragmentado, además de una mano de obra con un significativo déficit de formación.
Además, estas cifras demuestran por qué, con las altas tasas de paro que existe en Canarias, en las Islas no hay un 'estallido social' que ponga en jaque a las Administraciones públicas.
Estructuras sociales socavadas
Con todo, que el trabajo sumergido sea una válvula de escape para la cruda realidad económica y social que se vive en el Archipiélago (120.000 familias tienen a todos sus miembros desempleados y 38.000 además no reciben ningún tipo de prestación) no puede esconder que el Gobierno de Canarias proclame la “tolerancia cero con la irregularidad y la ilegalidad”.
Por ello, no es por tanto nada descabellado que desde la Dirección General de Trabajo se pusieran de inmediato a trabajar para conseguir aflorar esa actividad ilegal y sus efectos nocivos y destructivos.
Y es que, empresas y trabajadores sumergidos hacen una importantísima competencia desleal a los regularmente establecidos.
Como dijo en su momento la exdirectora general de Trabajo, Gloria Gutiérrez, que ha vuelto a su actividad como diputada regional, “la economía sumergida socava las infraestructuras sociales”.
Según Comisiones Obreras, si se cruzaba la estimación de empleos no declarados con las cifras oficiales de paro existentes a finales de septiembre de 2012 en Canarias, el resultado revela que equivale al 43% de las personas que estaban apuntadas en las listas de desempleo o al 33% de los parados contabilizados por la EPA del tercer trimestre de ese año.
Desde la Dirección General de Trabajo se aportaron fórmulas que permitieron facilitar la transición hacia la regularidad de actividades cuya legalización conllevaba dificultades de supervivencia y afectaban al nivel de empleo, contemplando la posibilidad de ampliar plazos para la regularización y medios necesarios para el afloramiento.
Desde el Gobierno no se olvidaba que estas prácticas ilegales, aunque benefician a los empresarios, afectan sobre todo a los trabajadores a los que se les están vulnerando sus derechos y que se ven desprotegidos.
Peluqueras caseras y hoteles de cuatro estrellas
Por ello, el plan del Gobierno para luchar contra la economía sumergida estaba más dirigido a mejorar las cifras de empleo, aunque se contemplan sanciones para las empresas y trabajadores que no cumplen con la legalidad.
“No se puede valorar de la misma manera la irregularidad que comete una peluquera que trabaja en casa que un hotel de cuatro estrellas que tiene empleados sin contrato”, indicaba Gutiérrez para explicar la filosofía de la Dirección General.
Y es que la mayoría de los empleos no declarados que buscaba el Gobierno de Canarias son los llamados 'trabajos de subsistencia' realizados en casa, conocidos popularmente como cáncamos.
¿Y como hacerlo?: dándose de alta como autónomos o conformar una cooperativa.
Pero contrarrestar la economía sumergida no es únicamente una cuestión administrativa, sino una labor de sensibilización de la ciudadanía nada fácil en un país que es heredero de El Lazarillo de Tormes o El Buscón.
¿Es posible que la población deje de ser permisiva con este tipo de prácticas y que vea como una ofensa social que una persona no declare?
Por ello el plan del Gobierno de Canarias para luchar contra la economía sumergida incluye campañas de sensibilización e información a la ciudadanía.
Y, por supuesto, la necesaria colaboración con los agentes sociales (creación del Observatorio del Fraude) y más apoyo a los servicios de inspección del Ejecutivo en áreas tan significativas como Turismo, Hacienda y Empleo.
2.185 empleos aflorados hasta junio
Pero sin olvidar a cabildos y ayuntamientos, cuya coordinación es vital para facilitar y simplificar las labores de inspección a las empresas en colaboración con el Servicio de Inspección del Gobierno central en las Islas.
Fruto de esa coordinación se consiguió que las inspecciones que se han realizado en empresas del Archipiélago de enero a junio afloraran un total 2.185 puestos de trabajo, 1.192 en Santa Cruz de Tenerife y las 993 en Las Palmas en los sectores de la hostelería, el comercio y servicios.
Y es que, en junio de 2013, el sector de la hostelería presentaba una tasa de economía sumergida del 37%, diez puntos por encima de la media general.
Con estas intervenciones, la labor del Servicio de Inspección y la Dirección General de Trabajo han generado 1.161 altas en la Seguridad Social, 451 en la provincia tinerfeña y 710 en el resto de las Islas.
Además, cabe destacar un total de 85 bajas en las prestaciones que hasta el momento se percibían de forma fraudulenta.
Según la Inspección de Trabajo, el porcentaje de situaciones irregulares que se han destapado en el Archipiélago en los seis primeros meses del año ha sido del 26%.
Sin embargo, la incidencia no ha sido la misma en todos los sectores y se realizaron muchas menos denuncias de las que podía esperarse debido a que, precisamente, se habían anunciado de antemano que se iban a reforzar las inspecciones.
