La Fecai pide definir las competencias de la administración y modificar la financiación para prestar un servicio eficaz
Curbelo cree que en época de crisis “más que nunca” se debe optimizar el gasto y evitar duplicidades para atender con eficacia al ciudadano
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 (EUROPA PRESS)
Los Cabildos apuestan por definir con exactitud las competencias de cada una de las administraciones canarias y modificar la Ley de Financiación de las corporaciones locales, para que las atribuciones estén dotadas de forma que permitan prestar servicios eficaces a los ciudadanos, tal y como aseguró el presidente del Cabildo de La Gomera y actual titular de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Casimiro Curbelo, quien subrayó que en época de crisis “más que nunca se debe optimizar el gasto público, evitar duplicidades y no engordar las administraciones”.
Curbelo, que hizo estas declaraciones tras el reciente encuentro de la Fecai, explicó que uno de los acuerdos adoptados por todas las instituciones insulares es promover la creación de una comisión en la que tengan participación todas las administraciones --Comunidad Autónoma, Cabildo y ayuntamientos--, para que “de forma sensata, con coherencia y responsabilidad, se distribuyan las atribuciones públicas y se cuente con los recursos necesarios para llevarlas a cabo”.
El representante insular insistió en que hace falta “redefinir competencias y financiación e incluso una descentralización de competencias, tal y como ha empezado a plantear el Gobierno, pero nunca hacerlo al margen de los cabildos, que son instituciones ampliamente reconocidas por los ciudadanos; parte fundamental del desarrollo de Canarias y pilar de nuestra Autonomía”.
Curbelo enlazó este planteamiento con las actuales dificultades económicas que afectan a todos los gobiernos y en mayor medida a los cabildos, pues son la única administración del Estado que carece de capacidad recaudatoria y, por tanto, de recursos propios con los que afrontar los servicios que prestan. Puntualizó que las corporaciones insulares se ven obligadas a trabajar con los recursos transferidos de otras administraciones y respecto a los que de todos es conocido el déficit histórico.
“Prueba clara es que de cada 100 euros que se destinan a servicios transferidos, 67 euros son aportados por los cabildos y sólo 33 euros, por el Gobierno regional”, declaró antes de añadir que esta situación “se podía mantener en una época de bonanza pero no con la crisis, de ahí que la Fecai haya adoptado resoluciones definitivas a través de las que se planta cara al Ejecutivo”, a quien pide “una moratoria en devoluciones pendientes, e instan a que una vez por todas se cumpla el compromiso de crear un grupo de trabajo encargado de actualizar la financiación de competencias”.
LIQUIDACIONES NEGATIVAS
El máximo responsable de la Fecai aclaró que a los problemas económicos hay que unir las liquidaciones negativas de las que tanto se habla estos días, que suma ya 108 millones y puede llegar a los 150 millones de euros a final de año, y que no son otra cosa que los desajustes entre las previsiones de ingresos que hace el Gobierno canario y la recaudación real.
“El Gobierno hace unas cuentas y nos las traslada a cabildos y ayuntamientos, que trabajamos en función de esas estimaciones, pero transcurridos unos meses y constatada la reducción de ingresos que trae consigo la crisis nos dice no sólo que vamos a recibir menos, sino también que vamos a tener que devolver dinero y que tenemos que hacerlo desde este mismo año, sin tener en cuenta ni que la crisis que padecemos todos; que tenemos que atender al ciudadano; que no se han actualizado las dotaciones de las competencias, ni tampoco los criterios de moratoria que sí aplica el Gobierno de España y que pedimos sean aplicados aquí también”, señaló.
“Esta realidad nos obliga a ser exigentes; plantear un pago de la deuda a partir de 2011 y en 48 mensualidades y, además, apostar por un proceso de descentralización, para que cada administración haga lo que mejor sabe y pueda resolver los múltiples problemas que acusan al ciudadano sin peleas, sin duplicidades y ni gastos superfluos”, concluye no sin antes decir que “no se puede dejar fuera a los Cabildos de este cambio de modelo necesario”, concluyó.
