El fraude del padrón centra el debate del pleno
El fraude del padrón municipal centrará gran parte de los debates que tendrán lugar durante el pleno que celebra el viernes el Ayuntamiento de Santa Cruz. Hasta cuatro iniciativas se plantearán sobre la inclusión de alrededor de 15.000 personas como residentes en el municipio sin que nunca se hubiese tenido constancia de que efectivamente existían.
En principio los concejales de Sí se puede, Pedro Arcila y Asunción Frías, presentarán una moción para que se cree una comisión de investigación que determine las posibles responsabilidades políticas. A partir de aquí esta formación política anuncia que los resultados sean enviados, si procede, a la Fiscalía para esclarecer entonces si se ha incurrido en algún supuesto penal. Frías, que fue quien primero denunció estos hechos, considera necesario que se aclaren las irregularidades reflejadas en el padrón, al menos desde 1996. Para ello cree necesario que se constituya, lo más tardar el próximo mes de mayo, una comisión integrada por concejales de todos los grupos políticos. “La búsqueda de la verdad nunca prescribe”, señala la concejal.
Pero además, el Partido Popular (PP) también presentará otra iniciativa a través de su concejal, Alexis Oliva Hernández, sobre las repercusiones económicas que pueden derivarse de las “graves anomalías” detectadas en el padrón de habitantes. De esta manera, el PP tinerfeño se une a las denuncias sobre este asunto, después de que los miembros de este partido en Gran Canaria hayan exigido que la capital tinerfeña devuelva el dinero que había sido cobrado supuestamente de forma indebida.
Pero además, el concejal de Izquierda Unida Canaria-XTF, José Manuel Corrales, también presentará una pregunta sobre las responsabilidades políticas y administrativas que se pueden derivar de lo que ya ha calificado como “un auténtico fraude”.
Otra iniciativa relacionada con este mismo asunto será la moción presentada por el PP a través de la cual defiende que al haberse reducido el número de habitantes también lo ha hecho la cifra de personas que residen en viviendas en régimen de fuera de ordenación. El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, ha admitido que así puede ser y de hecho considera que se ha pasado de contabilizar alrededor de 80.000 habitantes afectados por esta situación urbanística, a unos 57.000. Y es que la saturación poblacional por hectáreas era, supuestamente, una de las causas por las que algunas viviendas quedaron incluidas en la categoría de fuera de ordenación. En cualquier caso esta carga seguiría afectando proporcionalmente a un tercio de los vecinos, según el abogado de la Plataforma en contra del Plan General de Ordenación (PGO), Felipe Campos.
Arcila preguntará también al pleno si el grupo de gobierno es partidario de abaratar los precios de entradas, hamacas y sombrillas del Parque Marítimo y de permitir el acceso con comida y bebidas no alcohólicas. El concejal cree que el Parque Marítimo debe encaminarse hacia un modelo similar al de las piscinas naturales de Bajamar, en La Laguna, donde la entrada es gratuita y se ha logrado generar una importante actividad económica en torno al recinto. En la actualidad los precios del Parque están fijados en 2,5 euros por entrada para adultos; 1,5 euros por entrada para niños de entre dos y 12 años; 2,5 euros por hamaca y tres euros por sombrilla. Eso supone que una familia tipo de cuatro miembros ?padre, madre y dos menores de 12 años? debe pagar 21 euros por cuatro entradas, cuatro hamacas y una sombrilla, más el coste de la comida, que puede elevar el gasto total a unos 60 euros, ya que está prohibido acceder a este espacio con alimentos.
Arcila también presentará una moción en la que solicita encargar una auditoría que evalúe los déficits anuales experimentados por la empresa de aguas Emmasa y su repercusión futura en la gestión del servicio desde que fue adquirida por el grupo empresarial Sacyr Vallehermoso. Sí se puede calcula que las pérdidas de Emmasa rondarán los 30 millones de euros si sigue en manos de Sacyr Vallehermoso durante los 18 años que le restan de concesión.
